Rato aboga porque las empresas busquen su propio Código de Buen Gobierno
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, ha apostado hoy por convertir en norma imperativa de obligado cumplimiento sólo aquellas medidas que afecten directamente a la protección de los inversores y mantener el resto como meras recomendaciones recogidas en Códigos de Conducta.
Las empresas deberán ser "las que tomen su decisión" en aspectos que no pongan en juego la seguridad de los ahorradores y corresponderá a éstos "juzgar" a las compañías en cada caso, ha explicado Rato durante la inauguración de las jornadas 'Buen Gobierno de las Empresas Españolas' organizadas por Recoletos, Santander Central Hispano y KPMG. "La libertad de empresa para organizarse se fundamenta en que el inversor es igualmente libre para confiar sus ahorros y sus inversiones a determinadas sociedades", ha manifestado tras recordar que la propia Constitución "plantea como una de las reglas de funcionamiento la libertad de empresa".
No obstante, Rato, que no ha entrado a precisar las medidas que serían factibles de mantenerse sólo como recomendaciones, ha insistido en que las empresas deben extremar el afán de transparencia a la hora de suministrar información al mercado. "Una empresa puede autoorganizarse de la manera que más oportuna le parezca y respetando las normas legales. Lo importante es que informe a los inversores de cómo se quiere organizar". Así, ha apuntado que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) "velará con cada vez mayor insistencia para que esa trasparencia se produzca".
Durante su intervención, Rato ha subrayado la importancia que han cobrado los Códigos de Buen Gobierno desde la primavera de 2001 por la pérdida de confianza de los inversores a raíz de "descrédito" de algunos datos empresariales publicados, sobre todo en Estados Unidos, que han provocado fuertes caídas en bolsa.
Normativas
España cuenta desde 1997 con una batería de recomendaciones sobre buenas prácticas corporativas recogida en el 'Código Olivencia', que se actualizará con las sugerencias que presentará en "las próximas semanas" la 'Comisión Aldama', puesta en marcha con el respaldo del Parlamento.
Entre las medidas que "deben ser normas imperativas" porque buscan la protección del inversor, Rato ha recordado las modificaciones introducidas en la Ley Financiera para regular la información privilegiada, las 'murallas chinas', las operaciones vinculadas o la manipulación de las cotizaciones. Asimismo, ha indicado que esta ley regula la responsabilidad de los informadores, se castiga la difusión de indicios falsos o engañosos y se regula la actividad de los auditores.
En esta normativa se da carácter legal a la creación de un Comité de Auditoría, compuesto mayoritatiamente por consejeros no ejecutivos. La medida, que hasta ahora era una simple recomendación dentro del Código de Buen Gobierno, será de obligado cumplimiento para las empresas cotizadas.