El PSOE propone exigir un balance social a las empresas cotizadas
El portavoz de política de empleo del PSOE, Ramón Jáuregui, ha articulado la futura oferta electoral de su partido a través de tres leyes. Dos de ellas afectan directamente al ámbito empresarial y una tercera a la formación de los trabajadores.
Entre las novedades legislativas propuestas por el primer partido de la oposición figura la exigencia de un balance social para todas las empresas cotizadas y aquellas que obtengan créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo o concurran a contratos con cualquiera de las tres Administraciones públicas.
Jáuregui considera necesario establecer unas reglas homologables de 'excelencia empresarial'. La responsabilidad social de las compañías debe medirse, en su opinión, a través de los compromisos que contraigan con la mejora de las condiciones de trabajo, la igualdad de oportunidades, la aplicación de criterios ecológicos, las inversiones, los sistemas de producción y el respeto a proveedores, contratistas y concesionarios.
Todos estos aspectos irían reflejados en el balance social, exigencia que acarrearía la formalización de un certificado aprovechable comercialmente, el acceso a beneficios fiscales y ayudas públicas.
La segunda norma, remitida por el PSOE al Congreso en forma de proposición de ley, regula los derechos a la información, la consulta y la participación de los trabajadores en los beneficios, la titularidad y la gestión de las empresas.
La ley incorpora nuevas exigencias para trasladar a los trabajadores información sobre las principales decisiones empresariales, las posibles transformaciones societarias y la prevención de riesgos laborales.
La participación en los beneficios se articula en la propuesta a través de la extensión de las opciones sobre acciones a todo el colectivo laboral, no sólo a los cuadros directivos. También se prevé la creación de fondos que faciliten la participación de los trabajadores en los planes de empleo y la obligatoriedad de trasladar a los empleados el 10% de las ampliaciones de capital cuando éstas se realicen a cuenta de resultados.
Más de 500 trabajadores
La participación de los trabajadores en la gestión y administración de las empresas sería voluntaria para las sociedades de menos de 500 empleados y obligatoria para el resto. La norma deja para los convenios colectivos la regulación de estos extremos.
La ley sobre la mejora de la empleabilidad que defiende el PSOE proviene, según Jáuregui, de la exigencia de incorporar a la cultura laboral el derecho individual a la formación para hacer posible que cada trabajador, con independencia de su nivel profesional y su edad, adquiera y renueve de forma constante su cualificación.
El PSOE propone incorporar al Estatuto de los Trabajadores la regulación del derecho a la formación y la promoción profesional; la elaboración en cada empresa de un plan anual de formación; la consideración como jornada laboral del tiempo dedicado al aprendizaje profesional y la anotación de éste a efectos de ascensos, movilidad y despidos.
La iniciativa abarca, asimismo, la creación de los llamados fondos de empleabilidad, que serían canalizados a través de la negociación colectiva y gestionados paritariamente entre las empresas y sus trabajadores. Serían útiles también en caso de reestructuración de plantillas.
Además de esta batería de reformas, los socialistas acompañarán su futura oferta electoral de un plan para fomentar la actividad económica desde los ayuntamientos, con medidas que van desde la implantación de nuevos instrumentos de financiación destinados a las pequeñas empresas hasta el establecimiento de programas locales de inserción laboral.
Próximo encuentro con la patronal CEOE
Las propuestas del PSOE que inciden directamente sobre la vida de las empresas y los trabajadores han sido trasladadas por la dirección de este partido a la CEOE y a las cúpulas de UGT y Comisiones Obreras. El primer partido de la oposición ha detectado cierto recelo en la patronal a este afán regulador sobre materias que los empresarios prefieren dejar, en principio, a la iniciativa de cada compañía. De este y otros temas hablarán próximamente el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente de CEOE, José María Cuevas, en una reunión cuya agenda aún no ha sido cerrada. En la dirección del PSOE hay interés por pulsar el malestar que hay en la patronal ante la actitud dubitativa del Gobierno en el terreno laboral, coronada con el vaciamiento del decreto sobre la reforma del seguro de desempleo, aprobado la semana pasada en el Congreso. Al final ha sido una reforma de mínimos que no ha dejado buen sabor de boca a los empresarios y no ha colmado todas las aspiraciones de los sindicatos. Estos últimos han advertido que continuarán exigiendo la restitución del subsidio agrario para los trabajadores eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura, así como la eliminación de las discriminaciones del nuevo sistema contributivo.