El PP propone reducir los plazos de ejecución de quiebras y suspensiones
De entre las enmiendas presentadas por el Grupo Popular al proyecto de Ley Concursal destaca la reducción de los plazos procesales. Carlos Mantilla, ponente del PP para la Ley Concursal, afirma que el plazo de casi un año para el proceso concursal que contempla el proyecto de ley hacía difícil la supervivencia de las empresas inmersas en un proceso de este tipo. Así, se reduce a dos meses el plazo de presentación del informe de la Administración judicial, que, de acuerdo con otra de sus enmiendas, pasará a llamarse Administración concursal. Habrá 10 días para impugnar el inventario y la lista de acreedores. El mismo tiempo que tendrán los interesados para formular reclamaciones. Eso sí, el juez del concurso podrá siempre prolongar los plazos bajo determinadas circunstancias.
Otras de las enmiendas del PP van encaminadas a potenciar las garantías laborales de los trabajadores. En este sentido, Mantilla destaca una enmienda que considera créditos contra la masa 'los salarios por los últimos 30 días de trabajo y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional'. Eso supone, según el diputado del PP, que los sueldos de los trabajadores deberán pagarse de forma inminente. 'Aun sin darles el superprivilegio que pretendían ellos, que se situaba por encima de los créditos hipotecarios, pasan a tener un privilegio especialísimo. En suma, se protegen más los derechos de los trabajadores respecto a lo que contenía el proyecto', explica Mantilla.
Además, en las sociedades con más de cien trabajadores, los representantes sindicales y el comité de empresa podrán constituirse en un comité de seguimiento concursal, que obtendrá periódicamente de la Administración concursal y del juez la información de especial relevancia laboral o económica sobre el procedimiento, además de poder sugerir las investigaciones necesarias para la buena marcha del concurso.
La enmienda del PP reconoce que las crisis empresariales afectan muy especialmente a los trabajadores, por lo que no deben ser considerados como meros acreedores por las cantidades que el empresario pueda adeudarles, sino que se persigue su implicación activa en la toma de decisiones a través de sus representantes.
Una buena parte de las más de 200 enmiendas presentadas por el PSOE a la ley tiene también mucho que ver con el reforzamiento de los derechos de los trabajadores en los procesos concursales. En este sentido, quieren enmendar la ley para que sean jueces laborales y no mercantiles los que mantengan la competencia sobre los conflictos de los trabajadores, y que el mercantil sea un juez de ejecución.
Además, quieren asegurarse la presencia de los empleados durante el procedimiento, y proponen que en empresas con más de cien empleados participen en la Administración. CiU también cree que el derecho laboral debe corresponder a los jueces de Lo Social. 'Pero sí que parece conveniente atribuir al juez mercantil la ejecución de los pronunciamientos que provengan de los Juzgados de Lo Social y se dirijan contra el patrimonio del concursado, como garantía de los derechos de los trabajadores'.