La aplicación del 'decretazo' no ha tenido efectos sobre el sistema de desempleo

El polémico decretazo ha tenido aparentemente un efecto inocuo para el sistema de prestaciones por desempleo.

Al menos así lo demuestran los datos facilitados ayer en el Congreso de los Diputados por la directora general del Instituto Nacional de Empleo (Inem), Dolores Cano. Según las cifras que maneja el Ministerio de Trabajo, en los meses de vigencia del decretazo (junio-octubre) la cobertura por desempleo no sufrió recortes, tal y como dijeron algunos sectores contrarios a la reforma, que criticaron el endurecimiento del acceso al sistema mediante la nueva definición de empleo adecuado.

Entre junio y octubre se reconocieron 1.374.574 prestaciones por desempleo, un 9,74% más que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, este incremento no es atribuible a una mejora de la cobertura, sino más bien a un aumento del paro en estos meses. En dicho periodo de 2002 se registró una media de 100.000 parados más, un 6,7% más, con lo que al haber más desempleados es lógico que haya habido más prestaciones por desempleo.

Otra de las medidas del decretazo más contestada por los sindicatos fue la conversión de los trabajadores fijos discontinuos a llamada cierta en fijos a tiempo parcial, con lo que dejaban de cobrar la prestación por desempleo los meses que no trabajaban.

Cano aseguró que el Inem no tiene datos sobre los afectados por esta medida -que ya ha sido rectificada en el nuevo texto convertido en proyecto de ley-, si bien indicó que las solicitudes de prestación por parte de trabajadores fijos discontinuos aumentaron de 90.118 a 96.532, un 7,1% más.

También insistió en que 'no ha habido ni una sola reclamación, ni de los sindicatos', ante la denegación de la prestación a un trabajador fijo discontinuo.

Dicho esto, el decretazo tampoco ha aportado los beneficios que les supuso el Gobierno. Por ejemplo, los datos facilitados indican que sólo 86 personas se han acogido a la posibilidad de que los perceptores de subsidio para mayores de 52 años compatibilizarán esta ayuda con un empleo. Cierto es que aumentó el número de sanciones por rechazar una oferta adecuada, después de endurecer las condiciones de esta última.

Así, entre junio y octubre de 2001 se retiró la prestación a 483 personas, frente a las 518 del mismo periodo de 2002, un 7,2% más. Aunque Cano precisó que el año pasado la prestación se extinguió definitivamente y con el decretazo los afectados sólo perdieron la prestación por tres meses.

Algo más se ha dejado sentir su aplicación en el número de denegaciones del subsidio agrario (el único punto que no ha rectificado el Gobierno). De las 169.265 solicitudes de este subsidio registradas entre junio y octubre, se denegaron 12.649, un 7,4% del total. Mientras que en el mismo periodo de 2001, de 177.212 solicitudes sólo se denegaron el 4,2% (7.563).

En cualquier caso, el Congreso aprobará definitivamente mañana el texto convertido en proyecto de ley y cuyo contenido rectifica todos los puntos del texto que provocaron la huelga general del 20-J, salvo el subsidio agrario.