El Congreso aprueba la ley que da más libertad fiscal a los municipios
El Congreso de los Diputados aprobó ayer el proyecto de Ley de Reforma de Haciendas Locales, y su remisión al Senado, en donde se incorporarán los últimos acuerdos alcanzados entre Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El texto fue aprobado por unanimidad, en la parte correspondiente a la supresión del impuesto de actividades económicas (IAE) para el 92% de las pymes, y con ciertas salvedades por los representantes del Grupo Mixto, en el resto.
Al mismo tiempo, en el Ministerio de Hacienda se firmaba formalmente el acuerdo político alcanzado el lunes, entre el Ejecutivo y la FEMP, mediante el cual el Gobierno se compromete a compensar a todos los municipios, 'ayuntamiento por ayuntamiento', por la supresión del IAE y la pérdida de ingresos que de ello se deriva.
La compensación, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, se calculará como diferencia entre la recaudación líquida de los municipios por este impuesto en 2003 y la del año 2000. Este compromiso es el que ha llevado, finalmente a la FEMP a suscribir el acuerdo, en palabras de su presidenta, Rita Barberá, quien valoró ayer también en la sede del ministerio la inclusión de los municipios de más de 75.000 habitantes en la lista de entidades locales a las que se cederá la recaudación de una cesta de impuestos estatales (IRPF, IVA, cerveza, vino, alcohol, hidrocarburos y tabaco), a los que se suman también los municipios 'turísticos' de más de 20.000 habitantes. En el proyecto de ley inicial, sólo se beneficiaban los municipios y capitales de provincia de más de 100.000 habitantes.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, recalcó que el acuerdo garantizará a los ayuntamientos que no tengan que subir impuestos para compensar la pérdida recaudatoria derivada del IAE.
Con todo, el proyecto de ley que ayer aprobó el Pleno del Congreso otorga a las corporaciones locales una mayor autonomía para variar el gravamen de sus tributos locales, e incrementarlos si lo consideran necesario para obtener más recursos. El texto amplía la horquilla de tipos en los impuestos de bienes inmuebles, instalaciones, construcciones y obras, e incremento de valor de terrenos urbanos. También les da la posibilidad de fijar mayores bonificaciones.
El proyecto de ley que ahora entra en el Senado beneficia, sobre todo, a 2,1 millones de autónomos y pequeños empresarios (los que facturen menos de un millón de euros), que dejarán de pagar el IAE; y a los ayuntamientos, porque les otorga mayor capacidad normativa para aplicar una verdadera política económica. A los grandes municipios se les refuerza su capacidad financiera con la participación en los principales impuestos estatales. En cambio, el proyecto de ley perjudica a las pymes de mayor tamaño y grandes empresas, a las que se le sube el gravamen del IAE, hasta un 35%. El texto prevé un régimen especial en el IAE para las empresas de telefonía móvil, con el fin de ayudar a sufragar la exención del tributo para la mayoría de las pymes. El efecto sobre los contribuyentes es indefinido. Depende de la utilización que hagan los gobiernos locales de su mayor autonomía fiscal. En principio no parece que vayan a incrementarse los tributos en un corto plazo, con elecciones municipales (mayo de 2003) tan cercanas.
Tras la firma del acuerdo, el ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, avisó ayer que 'lo que toca ahora' es impulsar el traspaso de competencias de las comunidades autónomas a los municipios.