Las bodegas catalanas se oponen a la nueva Ley del Vino estatal
El sector vitivinícola catalán está enzarzado en un debate sobre la legislación que debe regular el sector. La nueva Ley de la Viña y el Vino que prepara el Ministerio de Agricultura ha causado malestar entre los bodegueros catalanes, que defienden la validez de la ley catalana consensuada por todos los sectores hace sólo dos años.
Para el secretario de la patronal Unión Vinícola del Penedès (Uvipe), Juan Gil, la parte más criticable de la ley es que 'el Gobierno pretenda que la mayoría del texto se considere ley básica de obligado cumplimiento en todo el territorio estatal'. En su opinión, no es posible que el Estado realice unas transferencias a las autonomías, que éstas legislen y que luego un texto posterior anule la ley autonómica. La Generalitat de Cataluña defiende una postura similar a la de Gil.
Uvipe cuenta con 120 asociados, entre los que están los tres grandes grupos catalanes: Torres, Codorníu y Freixenet. Según Gil, 'la ley estatal debe declarar lo básico, las medidas para evitar desorientar al consumidor; el resto, no'.
De la misa opinión es el ex secretario y asesor de la Asociación Vinícola Catalana, Josep Ventosa: 'No se puede ceder una competencia y luego retirarla'. Ventosa también critica la ley por el exagerado régimen sancionador que establece.
Finalmente, el secretario de la Federación Española del Vino, Pau Roca, explicó que 'la ley ayuda a las empresas marquistas y además consigue homogeneizar las calidades de los vinos en tiempo de crianza, en áreas geográficas y en un régimen sancionador común'. Roca señala que la ley española es mejor que la catalana, ya que 'en los consejos reguladores se impide que ellos creen una norma y, además, sean los encargados de hacerla cumplir'. La federación reúne a 850 bodegas, pero su comisión ejecutiva está controlada por los grandes grupos.
Las tres asociaciones consideran positiva la creación de la denominación Vinos de la Tierra de España para competir en todo el mundo.