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Contrato

El Gobierno valenciano abona todo el coste del hospital de Alzira

El Gobierno valenciano desveló ayer los pormenores del nuevo contrato de explotación privada del hospital público de La Ribera, situado en Alzira (Valencia), cuya adjudicación a una unión temporal de empresas liderada por Adeslas dio origen al llamado modelo Alzira.

Pese a que el consejero de Sanidad, Serafín Castellano, dijo ayer que con el modelo Alzira 'el riesgo económico se transfiere a la empresa adjudicataria', lo cierto es que para Adeslas el riesgo se ha acabado, ya que la Generalitat ha decidido rescatar la concesión y pagarle 43,99 millones por los seis años que restaban de contrato, con lo que se ha eliminado la mayor ventaja del modelo, que era que a la Generalitat no le costaba nada el hospital. Le ha costado 44 millones.

El contrato inicial establecía que Adeslas -junto a Bancaja, CAM, Dragados y Lubasa- tenía que construir un hospital público y gestionarlo durante 10 años. La Generalitat le abonaría un pago fijo por habitante de la comarca -224,58 euros en 2002- y un precio aparte por cada intervención a personas de otras zonas sanitarias.

La teoría del modelo implantado por el ahora ministro Eduardo Zaplana decía que en esos 10 años la empresa lograría amortizar la inversión -54 millones- y obtendría beneficios. Adeslas dijo que en 2001 ya ganaría dinero, pero a septiembre de 2002 seguía en pérdidas y la concesión finalizaba en 2008.

Más dinero y más años

La Generalitat volverá a licitar la explotación privada del hospital junto con la atención primaria de la comarca durante 15 años, prorrogables por otros cinco, y pagará a la empresa 379 euros per cápita. La empresa tendrá así más ingresos, más plazo y no tendrá que amortizar ni pagar nada por el hospital, en contra de lo que se había anunciado.

Junto a este concurso se licitará el del área de Torrevieja (Alicante), donde el adjudicatario también percibirá 379 euros per cápita, aunque en este caso sí tendrá que construir un hospital público -70 millones de euros- y amortizarlo, salvo que la Generalitat lo rescate antes.

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