Ingresa también en prisión el primer ejecutivo de la inmobiliaria CPV
La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid, Rosario Espinosa, acordó ayer prisión provisional, comunicada y sin fianza para el director general de la promotora inmobiliaria Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), Francisco García Moreno, por un supuesto delito de estafa. Así lo decretó tras tomarle declaración como imputado durante unas cuatro horas y media y tras haberlo solicitado el fiscal y los seis abogados que representan a los perjudicados, informaron fuentes jurídicas.
La querella fue presentada el pasado mes de octubre en nombre de nueve de las 1.200 familias afectadas por la presunta estafa. Los terrenos donde CPV debería haber construido pisos se encuentran en los nuevos barrios en construcción de Las Tablas, Montecarmelo y Sanchinarro, en Madrid, y supuestamente fueron vendidos por la promotora a pesar de que las familias habían depositado diversas cantidades de dinero a cuenta.
La jueza acordó el martes pasado el ingreso en prisión de tres administradores de CPV, Miguel Ángel Morillo y los hermanos Francisco Javier y Miguel Ángel García Sánchez -estos dos últimos hijos del director general de la promotora-, quienes afirmaron que era García Moreno quien tomaba las decisiones de la empresa.
Las mismas fuentes explicaron que el directivo aseguró a la jueza que sus hijos 'no tienen culpa de nada' y que 'obedecían órdenes'. García Moreno reconoció una deuda 18 millones de euros (3.000 millones de pesetas) con los perjudicados y relató que el dinero recibido 'lo invirtió en otros activos' como un inmueble en Puerta de Hierro, en Madrid, y otro en Benidorm (Alicante).
Según explicó a los periodistas el abogado Oskar Zein Sánchez, uno de los perjudicados, los letrados han solicitado que se nombren interventores judiciales 'para que se controlen las cuentas, sociedades, bienes y activos que tenga CPV'. 'Esto debe estar bajo control judicial para que los afectados tengan expectativas de recuperar su dinero', comentó.
El abogado aseguró que García Moreno mostró una actitud 'un tanto desafiante' e 'incluso ha reconocido que podía hacerse cargo, hasta la última peseta, de las devoluciones de dinero, aunque habla de 500 afectados'.
Venta de terrenos
Según manifestó Oskar Zein, 'Francisco ha reconocido que se compraron terrenos, que se vendieron y que en la actualidad no hay'. Agregó que Francisco García Moreno 'ha hablado de parcelas en Benidorm y en otras localidades, tales como la urbanización Santa Marta, en Cádiz'. 'Esta sociedad, según ha dicho García Moreno, al parecer tiene un valor de 27.000 millones de pesetas (162 millones de euros)', afirmó el letrado, quien hizo hincapié en que 'no sabemos si es una bravuconada o lo puede valer realmente'. Además, explicó que los abogados han pedido 'una relación pormenorizada del número de personas que han recuperado el dinero y los que no' y pedirán que declaren los trabajadores de CPV.
García Moreno llegó ayer al juzgado pasadas las 9.30 horas. No entró por la puerta principal, donde se encontraban concentrados numerosos perjudicados, y comenzó a declarar ante la magistrada a las 10.20 horas. Sobre las 15 acabó su declaración y media hora después fue llevado por la Guardia Civil esposado a los calabozos de las dependencias judiciales, para ser trasladado a un centro penitenciario.
El Ayuntamiento de Madrid anunció ayer que no se personará en el caso, contrariamente a lo pedido por el grupo municipal Izquierda Unida. Argumenta el ayuntamiento que se trata de contratos entre particulares cuyo control no es de su competencia.