Consumo elabora un decreto para regular la actividad de las academias
El Ministerio de Sanidad y Consumo ha elaborado un borrador de decreto para regular 'el derecho a la información y los derechos económicos de los usuarios de centros privados que imparten enseñanzas no regladas'. De esta manera, el Gobierno pretende evitar que se repitan situaciones de indefensión de los usuarios de academias a los que se les exige el pago por adelantado de los cursos.
æpermil;sta es la situación de 45.000 alumnos de la academia de inglés Opening, que suspendió pagos en agosto, y de casi 3.700 de la escuela de idiomas Brighton, cuya actividad en la provincia de Barcelona presentó expediente de quiebra el 28 de octubre.
El borrador de decreto que ha elaborado el ministerio del que es titular Ana Pastor dispone, no obstante, que 'los cursos iniciados antes de la entrada en vigor de esta norma se regirán por la normativa anterior a la misma'.
Todo su contenido gira en torno a garantizar el derecho a la información del usuario y a que la publicidad sea veraz y evite toda confusión en torno a las modalidades de pago de los cursos y validez académica de los certificados que expida el centro. Establece, además, que el titular del centro privado de enseñanza es el responsable directo de su cumplimiento.
En concreto, los centros estarán obligados a ofrecer 'folletos o documentos informativos' junto con el contrato formalizado del curso, en los que, entre otras indicaciones, deberá constar, 'al menos en castellano', la forma de pago del curso. Los centros tendrán que conservar los contratos firmados, junto con los registros de alumnos, certificados y diplomas durante tres años.
Medidas insuficientes
Las organizaciones de consumidores y el partido socialista juzgan este texto 'insuficiente' por sí mismo para garantizar los derechos de los alumnos de las academias.
Isabel Pozuelo, secretaria federal del PSOE, afirma que este borrador 'es igual al que elaboró en su día la Junta de Andalucía, con algunas actualizaciones' y que no aborda el verdadero problema: 'Evitar el abuso de poder que supone que una empresa exija al consumidor el pago por adelantado en contraprestación a un servicio que no ha recibido. El pago por adelantado debe ser siempre una opción del consumidor '.
En este sentido, el grupo socialista ha presentado una moción en el Congreso para modificar la Ley de Defensa del Consumidor de 1984.
También han propuesto modificar la actual Ley de Crédito al Consumo, 'para que se suprima la exigencia de exclusividad con la entidad financiera que concede el crédito'.