Medio centenar de diputados ocupan cargos en empresas privadas
El diputado que acumula mayor número de consejos de administración es el popular José Ignacio Landaluce, de 47 años, médico de profesión y vicepresidente del PP en Cádiz. Está adscrito a las comisiones de Asuntos Exteriores, Defensa y Cooperación al Desarrollo y pertenece a siete sociedades, varias de ellas centradas en la actividad sanitaria.
Le siguen en número de consejos de administración los diputados del PP Luis Gámir y Rogelio Baón. El primero es presidente del Consejo Consultivo de Privatizaciones y compatibiliza su escaño en el Congreso con la pertenencia a tres sociedades, una de ellas dedicada al transporte de vehículos y mercancías. Gámir se encuentra en la actualidad adscrito a las comisiones de Economía y Hacienda y Medio Ambiente. Su tarea ha sido ampliamente cuestionada desde la oposición, sobre todo en lo que afecta a la supervisión del proceso de privatizaciones.
El diputado Rogelio Baón también ha sido autorizado por la Comisión del Estatuto del Congreso a compatibilizar su escaño con cuatro consejos de administración de distintas sociedades privadas, dedicadas al transporte y al sector turístico. Baón es vocal en la Comisión de Presupuestos de la Cámara baja.
Destaca también el caso del diputado popular José Andrés Ayala, uno de los portavoces de su grupo en la comisión de investigación, ya desaparecida, del caso Gescartera. En la actualidad, es vocal de la Comisión de Infraestructuras y ha obtenido el permiso del Congreso para trabajar como miembro de los consejos de administración de dos sociedades de valores mobiliarios. También compatibiliza esta actividad con la de presidente del consejo de una sociedad que gestiona salas de bingo.
El diputado del PP y ex ministro de Obras Públicas con la UCD Luis Ortiz ha sido autorizado, asimismo, para trabajar como administrador solidario de la empresa Luminacar, dedicada a la tenencia y explotación de inmuebles urbanos. Ortiz está adscrito a la Comisión de Economía y Hacienda y es portavoz adjunto de su grupo en la Comisión de Infraestructuras del Congreso.
El portavoz titular del PP en la citada comisión es el diputado Fernando López Amor, quien ayer anunció que renuncia a su cargo en el consejo de administración de Inmobiliaria Chamartín tras publicar El Mundo que compatibilizaba este trabajo con su cargo como diputado en la Comisión de Infraestructuras. Siguió también su ejemplo el diputado popular Francisco Antonio González, quien fue autorizado para asesorar a la empresa Seguridad España. Ambos formalizaron sus renuncias ayer tarde ante notario.
Amor desmiente presiones
López Amor acusó ayer al PSOE de tener un concepto 'talibán' de la vida parlamentaria, después de que su portavoz, Jesús Caldera, criticara 'la probada tendencia del PP a confundir lo público con lo privado'. López Amor negó haber recibido presiones del PP para renunciar a su actividad privada. Anteriormente fue director general de RTVE y presidente de Hispasat. También tuvo responsabilidades urbanísticas en el Ayuntamiento de Madrid en la etapa de mandato del CDS.
Entre los diputados que durante esta legislatura también han pedido autorización al Congreso para ejercer otra actividad se encuentran los socialistas José Acosta, Elvira Cortajarena, Dolores García Hierro, Ricard Pérez Casado, José Quintana y Carlos Sanjuán. Dos de ellos pertenecen a Caja Madrid y un tercero a Bancaja.
La interpretación generosa de la Ley de Régimen Electoral, que prevé la 'dedicación absoluta' para diputados y senadores, también alcanza a cuatro parlamentarios de CiU, dos de IU y uno de Coalición Canaria. En el grupo de los nacionalistas catalanes destaca el caso de Inmaculada Riera, vicepresidenta segunda de la Comisión de Economía y Hacienda, quien ha recibido el visto bueno para trabajar en una sociedad de transmisión de información financiera y en otra de carácter industrial.
La información sobre la doble actividad que ejercen algunos diputados es reservada y sólo obra en el registro del Congreso.