CC OO propone que la Ley Concursal tenga como prioridad pagar a los trabajadores
El secretario general de CC OO, José María Fidalgo, defendió ayer en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados que en el proyecto de Ley Concursal se dé cabida al juez de lo social y se dé 'prioridad' a los trabajadores en el cobro de sus salarios e indemnizaciones por despido frente al resto de acreedores de una empresa en quiebra.
Fidalgo intervino en la Comisión de Justicia e Interior, con motivo de la tramitación del proyecto de Ley Concursal, que atribuye la competencia para dictaminar sobre quiebras, suspensiones de pagos y concursos a los nuevos juzgados de lo mercantil.
Fidalgo señaló que CC OO cree que hay espacio para las jurisdicciones mercantil y social, por lo que el asunto radica en 'conjugarlo bien, no porque los jueces de lo mercantil no puedan saber de derecho laboral', sino porque 'cuando hay jurisdicciones separadas, especialistas, hay que respetarlas'. El parlamentario socialista Jaime Barrero compartió la inquietud de Fidalgo y mostró la 'preocupación' de su grupo parlamentario 'por el hecho de que pudiera haber una menor sensibilidad en el juez mercantil con referencia a la legislación social'. IU también apoyó esta postura.
Sobre este punto, el diputado del PP Carlos Mantilla señaló que 'no entiendo que un juez único pueda tener amplios conocimientos en hipotecario, mercantil y fiscal, pero ponen en duda que pueda tenerlos en laboral, no sé por qué'. Además, le recordó al secretario general de CC OO que el proyecto de Ley Concursal intenta 'preservar el funcionamiento de la empresa, porque si se preserva su funcionamiento se preservan los puestos de trabajo'.
Fidalgo discrepó de ese punto de vista, ya que, según explicó, 'no se puede preservar una empresa sin el apoyo, la cualificación y el trabajo de los trabajadores'.
En la Comisión también compareció el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer. Consideró que la nueva ley es 'bastante equilibrada', aunque abogó por una mayor libertad para que las partes puedan alcanzar pactos.