El Gobierno estudia proteger el ahorro de los discapacitados
El Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Sociales, está preparando la creación de una nueva figura legal, que se llamará 'patrimonio especialmente protegido', destinada a salvaguardar el patrimonio de los discapacitados y que contará con bonificaciones fiscales.
Proteger el patrimonio y los ahorros de las personas con discapacidad para cuando los familiares que cuidan de ellos ya no puedan hacerlo es uno de los objetivos que se ha marcado el Gobierno. A tal fin, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales está preparando el anteproyecto de ley que regulará una nueva figura societaria, que contará con bonificaciones fiscales, que permita preservar el patrimonio de los discapacitados, informa Europa Press.
Según ha declarado el vicepresidente primero y ministro de Presidencia y portavoz, Mariano Rajoy, ante la comisión constitucional para explicar las líneas generales de su departamento, esta nueva normativa es una de las prioridades del Gobierno para ser aprobada 'en breve'.
El objetivo de esta nueva figura jurídica, que se denominará 'patrimonio especialmente protegido', tiene como objetivo dotar a las familias de un instrumento adecuado que les permita garantizar la calidad de vida de sus integrantes y que padezcan algún tipo de discapacidad.
Se trata, en definitiva, de que las familias puedan ir destinando patrimonio a esta sociedad y cuya rentabilidad irá destinada al discapacitado y que contará con ventajas fiscales tanto en las aportaciones como en la rentabilidad que vaya generando.
Con esta nueva regulación pretende darse respuesta a la preocupación manifestada por muchas familias por el futuro de sus hijos discapacitados que, en muchas ocasiones, sobreviven a sus padres.
Asimismo responde a la preocupación de los propios discapacitados que, a lo largo de toda su vida, van perdiendo capacidades, pero cada vez tienen una esperanza de vida mayor que no siempre se corresponde con sus posibilidades de asegurarse una buena calidad de vida.
Otro de los puntos que abordará la nueva legislación será la figura que se encargue de la gestión de dicho patrimonio. En principio permitirá distinguir entre el tutor del discapacitado y el administrador de los bienes, que podrá ser una entidad pública o administrador público o una fundación.