'El debate sobre las tasas para las grandes empresas corresponde al Poder Judicial'

Hoy cumple 107 días como ministro de Justicia y cuenta con especial orgullo que en su cartera tiene 24 líneas de trabajo abiertas para hacer una justicia del siglo XXI. Huye de la polémica y todo lo cura con el diálogo. Abogado de profesión, se inició en la política en 1989. Pero fue en 1993 cuando dio el gran paso que le llevaría al Gobierno. Fue nombrado secretario de estudios y programas del Partido Popular y de esta manera entró en el equipo de trabajo de Aznar. Diputado en tres legislaturas y dos secretarías de Estado han sido la antesala al Ministerio de Justicia. Se declara de centro y su idea, asegura, es hacer política al servicio de la sociedad.

P. ¿Las grandes empresas tendrán obligación de pagar tasas judiciales?

R. El presidente del Tribunal Supremo abrió un debate y el Gobierno ha puesto límites a ese debate garantizando que el ciudadano particular no va a pagar. El debate de que las grandes empresas paguen tasas judiciales debe continuar en el seno del Consejo General del Poder Judicial, que es quien lo ha abierto. El Gobierno desde luego sí que está atento a las sugerencias que se planteen. Lo que creo que hay que hacer es estudiar este asunto porque España es el único país de la Unión Europea en el que nadie paga nada por el uso de la justicia.

P. ¿Cuánto dinero se calcula que pueden aportar las tasas judiciales a la financiación de la justicia?

R. El pasado mes de julio se creó un grupo de trabajo que estudiará la financiación de la justicia. Y uno de los temas que abordará es el de cómo se articula un modelo estable de financiación y de la modernización de la justicia desde una idea que el Gobierno tiene muy clara. La justicia necesita mejores y más medios. Vamos a tener un incremento presupuestario para 2003 del 8,5%. Es el ministerio que más crece en su presupuesto.

P. El Partido Socialista, sin embargo, califica de 'tacaño' el presupuesto de Justicia y afirma que pone en peligro el cumplimiento de las primeras reformas impulsadas por el Pacto de Estado para la Justicia.

R. No voy a entrar en debates estériles. Yo creo que con el crecimiento presupuestario del 8,5% tenemos el dinero suficiente para las políticas que queremos impulsar. Hay dinero suficiente para implantar los juicios rápidos, para crear este mismo año 280 nuevas plazas de jueces en lo penal, se van a aumentar las plazas de fiscales. Hace 16 meses había 588 plazas cubiertas por jueces no profesionales. Ahora 9 de cada 10 puestos de estas 588 plazas están cubiertas por profesionales. La calidad que se ofrece al ciudadano es muy superior. Hemos conseguido por primera vez en nuestra historia que los tribunales resuelvan más asuntos de los que entran. Entraron más de 6.600.000 asuntos y se resolvieron 6.700.000. Por primera vez se invierte la tendencia.

P. ¿Qué líneas van a definir el Código de Sociedades?

R. Se presentará en noviembre para abrir un debate con los sectores jurídicos y empresariales. Debatir sobre el modelo societario de sociedad anónima, de responsabilidad limitada, sociedad cotizada y todo lo que afecta al derecho societario, porque necesita ser modernizado para constituirse en un tejido que contribuya a encauzar una sociedad dinámica, creativa, una sociedad que genere iniciativa para crear empleo. Este es el esquema. Esperamos que el próximo trimestre se pueda convertir en proyecto de ley.

P. ¿La reforma de la Ley de Arbitraje en qué punto está?

R. Hemos constituido una sección especial compuesta no sólo por catedráticos, sino también por representantes de distintos sectores de la justicia (secretarios judiciales, abogados, procuradores, usuarios...) y les he pedido un texto para antes del 31 de diciembre.

La idea es muy básica, hay que seguir agilizando los procedimientos. Una de las fórmulas es desjudicializar pleitos para que puedan resolverse a través del arbitraje.

P. Se habla de una corte de arbitraje iberoamericana. ¿Cree que puede ser efectiva?

R. Sí. España tiene una gran opción y es que puede ser centro del arbitraje internacional en la comunidad iberoamerica. La comunidad iberoamericana es un gran activo no sólo jurídico sino también económico.

Compartimos un mismo lenguaje jurídico, todos entendemos perfectamente qué es una sociedad anónima, qué son accionistas sin voto, etc. Tenemos el mismo régimen de contratos mercantiles y eso es un gran activo para la cultura empresarial española y para la red de relaciones económicas entre España e Iberoamérica. Y creemos que con una buena ley de arbitraje, España puede ser un magnífico referente en el ámbito iberoamericano, con una corte sobre arbitraje común.

P. ¿Cómo se está planteando la Ley de Acceso a la Abogacía?

R. España es el único país de la UE en el que los españoles cuando salen fuera tienen que pasar exámenes, pasantías para poder ejercer de abogado y, sin embargo, cualquier extranjero que estudie Derecho en cualquier país de la UE viene aquí con el título debajo del brazo y puede ejercer. En este sentido, tiene lógica una Ley de Acceso.

'Nadie ha pedido que se limite el mandato del fiscal general'

La Junta de Fiscales de Sala apoyó la limitación a cinco años de los mandatos de fiscales jefes. Pero también sugiere que se ponga límite al del fiscal general del Estado para acabar con el supuesto control político. P. ¿Va a entrar a debatir esta sugerencia? R. Estamos haciendo una reforma necesaria del Estatuto del Ministerio Fiscal con tres claros objetivos. Modernizar su régimen de funcionamiento, articular mejor las grandes fiscalías nombrando fiscales delegados o fiscales decanos especializados en áreas singulares (accidentes laborales, delitos medioambientales, etc.). Y en tercer lugar, incentivar la especialización. Y los fiscales jefes eran los únicos que ostentaban cargos vitalicios en el Estado. En cuanto al límite del mandato del fiscal general, nadie nos ha planteado cambiar la Constitución, en la que se establece que el fiscal general es nombrado y removido por el Gobierno. Nadie ha cuestionado la Constitución en este punto. P. Habría una forma de control al fiscal general a través del Consejo Fiscal, que representa a la carrrera. R. Los corporativismos no tienen encaje constitucional. El fiscal general del Estado es el jefe en un modelo institucional jerárquico. Aunque no me parece mal que para ciertos nombramientos se deban cumplir ciertos requisitos. Pero hay que ver cuáles. No tienen que ser los que se proponen desde la Junta de Fiscales de Sala, aunque estoy abierto a dialogar.

La Ley Concursal 'protege al trabajador'

Se ha aplaudido la nueva Ley Concursal, pero existe cierta preocupación en algunos sectores por si se van a ver recortados los derechos de los trabajadores.Una preocupación que no comparte el ministro de Justicia, porque considera que 'hasta ahora la única salida que tenía una empresa con dificultades era echar a la calle a todos los trabajadores. La nueva ley es la mejor apuesta en favor de los trabajadores. Yo creo que esta ley sigue abierta al diálogo con un objetivo fundamental, que es el mantenimiento de los puestos de trabajo. Para un trabajador es mucho más importante seguir cobrando los próximos años que se cierre la empresa y se le indemnice'. Michavila insistió en que la Ley Concursal 'se ha hecho desde el diálogo. Han informado por escrito 30 órganos de toda índole. Yo creo que esta ley sigue abierta al diálogo, con un objetivo fundamental que es el mantenimiento de los puestos de trabajo'. El ministro opina que las empresas van a tener servicios adicionales de la justicia. Señaló que 'con los nuevos juzgados mercantiles y el hecho de que las empresas, sobre todo las pymes, tengan un juez especializado, y mejores servicios, como economistas forenses o contables forenses es una buenísima noticia para las empresas'. El ministro José María Michavila incidió en las ventajas que el mundo empresarial ha conseguido no sólo con la Ley Concursal, sino también con la Ley de Enjuiciamiento Civil. El titular de Justicia señaló que 'en el sector del comercio hay un gran activo que es la posibilidad de que a través de la Ley de Enjuiciamiento Civil se puedan cobrar las deudas con carácter inmediato. El monitorio, que se está utilizando en el 43% de los asuntos que están entrando en los juzgados de lo civil, está siendo un gran beneficio para aquellos pequeños comerciantes que antes tardaban meses y años en cobrar una pequeña deuda'.