La garantía del emprendedor
A mitad de camino entre el apoyo a la inversión y la integración social, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) acaba de poner en vigor un programa de microcréditos que supone una decidida e innovadora apuesta por la aparición de emprendedores, sin reparar en su condición socioeconómica ni en las garantías o avales que respalden la devolución de los fondos solicitados. Como reza el eslogan del programa, el único aval es la palabra, es decir el proyecto presentado, cuya materialización en una realidad empresarial dependerá únicamente de la viabilidad de la idea presentada, sin necesidad de garantías.
Dirigida a aquellas microempresas o personas físicas que tengan dificultades de acceso a la financiación por los canales habituales del sistema financiero, la línea de microcréditos del ICO tiene como beneficiarios preferentes a parados de larga duración (mayores de 45 años), hogares monoparentales, mujeres, inmigrantes y discapacitados. Un amplio colectivo que, además del apoyo económico, recibirá también el asesoramiento y la asistencia técnica necesarias para asegurar el éxito del proyecto financiado.
Con vigencia hasta el próximo 31 de diciembre de este año, prorrogable para el próximo ejercicio, y con un importe inicial de 12 millones de euros, ampliable en función de la demanda, la línea de microcréditos del ICO está apoyada por el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) que, según el convenio firmado con la institución financiera pública española, asumirá el 60% del riesgo total de las operaciones. El 40% del riesgo pendiente será asumido, a partes iguales, por el ICO y las entidades de crédito colaboradoras (bancos y cajas de ahorro), que serán las encargadas de gestionar y otorgar la financiación a los beneficiarios.
Las experiencias en EE UU, Francia y Canadá avalan el éxito del microcrédito que tiene, además, unas tasas de morosidad y fallidos mínimas
Dado el carácter social del programa, el ICO incorpora como parte de la instrumentación de las operaciones a las instituciones de asistencia social, tanto de carácter nacional como local o regional, que deberán actuar de enlace entre los emprendedores y las entidades financieras.
El importe de la financiación para los proyectos aprobados alcanzará hasta el 95% de la inversión neta a financiar, con un máximo de 25.000 euros por beneficiario y año y sin límites en la distribución de activos. El plazo de devolución se fija en dos y tres años sin carencia, con un tipo de interés del 6% TAE y sin comisiones.
Nacido en la década de los ochenta para impulsar el desarrollo de los países más pobres del Planeta, la idea del microcrédito se importó, posteriormente, a las sociedades más desarrolladas con el fin de luchar contra las bolsas de marginación y pobreza en el llamado Primer Mundo. Entre las experiencias iniciadas destacan por su éxito las de Estados Unidos, Canadá y Francia, cuyos resultados muestran no sólo importantes logros en la lucha contra la pobreza y en el desarrollo de microempresas y autoempleo, sino también unos mínimos índices de fallidos y morosidad, inferiores al 5%.
Respecto a sus posibilidades en España, los responsables del ICO estiman que las características del tejido productivo de nuestro país le convierten en un escenario idóneo para su aplicación y desarrollo. Basta recordar que sus potenciales demandantes, las microempresas (aquellas con menos de 10 trabajadores y activos inferiores a 30.000 euros), representan el 94% del censo empresarial español, que un 60% de las mismas están constituidas por mujeres, y que su presencia es especialmente elevada en las zonas menos desarrolladas, lo que convierte a este colectivo en el pivote sobre el que debe sustentarse el crecimiento económico de estas regiones.
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14.149 millones para apoyar a las empresas
Las cuentas presentadas por el ICO para 2003, recogidas en los Presupuestos Generales del Estado, prevén una reducción del 90% del beneficio, que quedaría en 33,7 millones de euros, frente a 336,8 millones esperados este año. Este fuerte descenso se deberá a que el ICO no percibirá ninguna partida extraordinaria por parte del Estado, que entre 2000 y 2001 ha pagado 940 millones de euros para liquidar todas las deudas que acumulaba con este organismo. Por tanto, una vez liquidadas estas dotaciones, los resultados del ICO dependerán sólo de su actividad habitual, basada, principalmente, en financiar las Administraciones públicas y las pequeñas y medianas empresas en condiciones favorables. El ICO espera aumentar el próximo año la concesión de créditos al Estado un 1,05%, con lo que dispondrá de 8.632 millones de euros para financiar la Administración. Por el contrario, las líneas de crédito que el ICO concede a empresas privadas, la mayor parte pymes, descenderán un 4%, totalizando 14.149 millones de euros, frente a 14.785 millones de este ejercicio. A través del ICO, el Estado canalizará 481,81 millones de euros para el Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), mientras que el fondo de microcréditos para proyectos de desarrollo social en el extranjero contará con 60,1 millones.