Bruselas estudia sancionar a España e Italia por las barreras legales contra EdF
La Comisión Europea decidirá el próximo miércoles si abre un procedimiento de infracción contra España e Italia por las barreras legales que estos países utilizaron el año pasado para impedir o dificultar la entrada de Electricité de France (EdF) en la eléctrica española Hidrocantábrico y en la italiana Montedison, según ha confirmado hoy el portavoz del comisario europeo de Mercado Interior, Frits Bolkenstein.
"La Comisión Europea decidirá posiblemente la próxima semana si abre o no un procedimiento de infracción contra España e Italia por este motivo", ha manifestado el portavoz, quien ha recordado que el Ejecutivo comunitario ha analizado en los últimos meses "las legislaciones española e italiana a la luz de la sentencia del Tribunal de la UE sobre los casos de acción de oro" en Bélgica, Francia y Portugal, pese a que, estrictamente, el caso de Hidrocantábrico no es de 'acción de oro' al no tratarse de una empresa privatizada.
El pasado 4 de junio, la Corte de Luxemburgo rechazó las legislaciones de Francia y Portugal sobre "golden share" o acción de oro, y aprobó la de Bélgica. Dictaminó que este derecho de veto que los gobiernos mantienen sobre compañías privatizadas sólo debe aplicarse "por razones imperiosas de interés general" y de forma "proporcionada al fin perseguido". Desde entonces, el Ejecutivo comunitario ha aplicado el criterio del Tribunal al examen de "unos diez casos" de acción de oro. Entre ellos, y pese a no se tratarse en 'strictu sensu' de una 'acción de oro', al Real Decreto que el Gobierno español utilizó para limitar al 3 por ciento los derechos de voto de Electricidade de Portugal y Enbw (participada por Edf, el casi-monopolio público francés en el sector eléctrico) en el consejo de administración de la asturiana Hidroeléctrica del Cantábrico (Hidrocantábrico).
El Ejecutivo español levantó posteriormente esta limitación cuando el Gobierno francés accedió en la cumbre de Perpignan a incrementar la interconexión eléctrica entre ambos países. Bruselas también estudió una medida similar del Gobierno italiano para proteger a Montedison. Si el próximo miércoles decide que alguno de estos casos no se ajusta a la interpretación del Tribunal, la Comisión Europea remitirá una petición de información -primer paso en el procedimiento- al gobierno concernido, que tendrá un plazo de tres meses para presentar sus alegaciones.