Los expertos aconsejan a las empresas regular internamente el uso de la Red
Imaginemos el siguiente supuesto. La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI), que entra en vigor el sábado, prohíbe el envío de mensajes electrónicos publicitarios no solicitados (el denominado spam) y multa esa actuación con 130.000 euros. ¿Qué ocurrirá, por ejemplo, en una empresa cuando un empleado infrinja esta prohibición desde su ordenador y a espaldas de las instrucciones de su compañía? 'La nueva ley no regula en absoluto las infracciones realizadas por los trabajadores en horas de trabajo', explica Ignacio Sampere, socio del bufete Sampere y Asociados. En su opinión, cuando entre en vigor la ley esa laguna en la regulación impedirá a las empresas derivar la responsabilidad de estos actos a los empleados que los hayan cometido y las convertirá en únicas responsables de cualquier infracción de la ley. En otras palabras, 'la empresa y sólo la empresa tendrá que responder de cualquier violación de la ley por parte de los empleados'.
Algunos expertos jurídicos coinciden al considerar que esta omisión de la ley forma parte de una tendencia general en la legislación española a eludir regular aspectos que impliquen un recorte de los derechos de los trabajadores. En opinión de Ignacio Sampere, ésa es la razón de que ni el Estatuto de los Trabajadores ni el resto de la legislación laboral ni la nueva ley hayan abordado todavía el uso de medios electrónicos en la empresa. Como prevención de estas conductas y de otras que puedan perjudicar a la empresa (uso del correo electrónico para fines personales, por ejemplo), Sampere aconseja a las compañías la elaboración de normas internas de obligado cumplimiento que recojan, al menos, los siguientes criterios:
La normativa debe ser conocida por el trabajador, que tendrá que acusar recibo de la misma, ya sea por firma manuscrita o electrónica.
Debe imponer el cumplimiento de todas las medidas de seguridad informática.
Debe recoger un procedimiento fiable para determinar la autoría de los mensajes electrónicos, mediante la asignación de claves que sólo conozca el trabajador.
Debe prohibir a los trabajadores dejar el ordenador encendido cuando abandonen el puesto de trabajo e imponer sistemas de salvapantalla o contraseñas.
Debe prohibir expresamente enviar o recibir mensajes electrónicos personales o con contenido ilegal.
Debe prohibir expresamente acceder a páginas webs ajenas al trabajo e instalar programas informáticos sin autorización.
Debe definir la información considerada secreto de empresa.