PP y PSOE activan el plan para proteger a los ediles amenazados
La delegación del PSOE que participó ayer en la reunión de la comisión de seguimiento del Pacto Antiterrorista, presidida por José Luis Rodríguez Zapatero, acordó con el PP combatir posibles amenazas de ruptura, en alusión al plan soberanista expuesto el viernes por el lendakari, Juan José Ibarretxe. El Gobierno estuvo representado por el vicepresidente primero, Mariano Rajoy, y el PP por su secretario general, Javier Arenas.
Entre las leyes que se reformarán figuran la del Régimen Electoral General, el Código Penal, la de Bases de Régimen Local, la de Enjuiciamiento Criminal, la de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la de Financiación de Partidos.
Gracias a los cambios que se introducirán en las dos primeras normas, el Ejecutivo, previo acuerdo de la mayoría del Senado, podrá disolver los órganos de gobierno de los ayuntamientos en los que se apoye el terrorismo o se humille a sus víctimas. En este supuesto se nombrará una gestora y se convocarán elecciones en tres meses.
El PP y el PSOE han acordado también autorizar a la policía municipal y autonómica a ejercer fuera de sus ámbitos territoriales tareas de escolta a los cargos públicos amenazados.
Mediante la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se reforzarán las garantías de protección de datos y de información en los registros de actividades y bienes correspondientes a las personas amenazadas.
Los dos grandes partidos acordaron también acabar con la financiación pública de las formaciones que respaldan el terrorismo, una iniciativa que alcanza también a los gastos electorales.
Listas electorales
Las dificultades que encuentran los partidos no nacionalistas para presentar listas electorales en el País Vasco han llevado también a los dos grandes partidos a eliminar la obligación de presentar un número mínimo de suplentes en las candidaturas. Los interventores electorales no tendrán que residir necesariamente en la localidad donde actúen como tales.
Las vacantes que se produzcan en el futuro en las listas municipales podrán ser cubiertas a propuesta del partido representado. Entre las causas de inelegibilidad figurará la condena, aunque no sea por sentencia firme, por delitos relacionados con el terrorismo.
El Código Penal será también modificado para tipificar como delito la conducta de aquellos que impidan a los concejales el acceso a los plenos municipales.
En la reunión se abordó también el destino de 30 millones de euros al blindaje de las sedes que los partidos amenazados por ETA tienen en el País Vasco.
El presidente del Gobierno, José María Aznar, aseguró ayer en Valencia que la situación que vive el País Vasco no le hará reconsiderar su decisión de retirarse del cartel electoral.