Sin audiencia para discutir las tarifas

Una de las cuestiones pendientes más conflictivas para el Gobierno argentino es la relativa a las tarifas de los servicios públicos (...). El Gobierno no encuentra la fórmula para convalidar un aumento tarifario que es resistido por los usuarios, exigido por el FMI y considerado insuficiente por las prestadoras. Después de marchas y contramarchas, se decidió hacer un llamamiento para que las empresas encargadas de los servicios de electricidad, gas, agua, teléfonos y peajes expongan sus pretensiones de aumentos de emergencia.

Si bien las asociaciones de consumidores reclamaron con insistencia (...) audiencias para discutir los contratos, impugnaron ante la justicia la forma de la convocatoria. Una jueza de lo contencioso-administrativo admitió la petición y dispuso la suspensión de las audiencias. El argumento del fallo es que Economía entró en 'el camino de la ilegalidad' al pretender ajustar las tarifas de la manera en que eligió hacerlo.

Porque el aumento sólo sería admisible 'como parte del proceso global de renegociación' con las privatizadas (...). Según la jueza, las audiencias 'impresionan como un mero formalismo, en las antípodas de su verdadera finalidad, cual es la de posibilitar a los usuarios un marco de libre debate y debida defensa de los derechos'. Es precisamente legitimación lo que requieren las acciones gubernamentales que afectan a la vida de los ciudadanos. Máxime en un momento como el actual, caracterizado por una crisis económica, social y política sin precedentes. Por eso cualquier aumento tarifario, que impactará con fuerza en los exhaustos bolsillos de los usuarios, para ser legítimo debe fundarse en la mayor transparencia sobre costes y beneficios.