Un fallo judicial frena la subida de las tarifas de los servicios públicos
El martes pasado una jueza de Buenos Aires decidió congelar el proceso de actualización de las tarifas de las empresas de servicios públicos privatizadas. Pocas horas después, una masiva protesta con cacerolas y apagones en edificios y comercios dejaba clara la total oposición popular a cualquier incremento de precios. Fuentes de las empresas, entre las que destacan las de capital español, afirman que puede caer la calidad de los servicios. El Gobierno recurrirá el fallo judicial.
La situación social de Argentina se calienta nuevamente. La semana pasada, la policía reprimió con una dureza inusitada a los parados que protestaban en la provincia de Jujuy, a 1.800 kilómetros al norte de Buenos Aires, con un saldo de más de 200 detenidos.
El martes por la noche, las cacerolas volvieron a sonar en la capital y en las provincias, para protestar contra cualquier incremento de las tarifas de los servicios públicos, congeladas desde el 1 de enero de este año. Desde entonces, el peso ha perdido el 70% de su valor frente al dólar, y las compañías insisten en la necesidad de actualizar los precios de sus servicios.
Pero la jueza Claudia Rodríguez Vidal no tiene el mismo parecer. En un fallo que el ministro de Economía, Roberto Lavagna, recurrirá de inmediato, la jueza consideró 'ilegítimo' el proceso iniciado entre el Gobierno y las empresas para fijar nuevas tarifas.
El argumento central del fallo fue que el Ministerio de Economía entró en 'el camino de la ilegalidad' al pretender ajustar las tarifas de la forma en que lo ha planteado. En su resolución, Rodríguez Vidal sostiene que la cuestión debe debatirse en el marco de las 'propuestas globales de renegociación' con las empresas privatizadas que contempla la ley de emergencia económica sancionada por el Congreso al comenzar el actual Gobierno del presidente Eduardo Duhalde.
Las compañías, que habían pedido 'ajustes tarifarios de emergencia' superiores al 30%, no se sorprendieron por la decisión. Por su parte, las asociaciones de consumidores, sindicatos, organizaciones de parados y partidos políticos de izquierda celebraron la decisión judicial. Y, de inmediato, continuaron adelante con la protesta celebrada en la noche del martes con cacerolas y apagones en viviendas y comercios.
Más allá de la decisión oficial de recurrir, lo concreto es que no habrá novedades en el tema al menos por 30 días, debido a los plazos establecidos por los procedimientos legales.
'Lo vemos con mucha preocupación, porque más allá de las connotaciones de la audiencia (donde se iban a negociar los nuevos precios), ése era el camino que se nos proponía, el puente inevitable que había que transitar para poder tener una readecuación tarifaria', dijo el directivo de una distribuidora de gas.
Un portavoz de una compañía eléctrica fue más tajante. 'Cuando no tengamos más dinero, los cortes de luz podrán hacerse más frecuentes. Seguiremos ajustando y ajustando' costes, dijo la fuente.
Advertencia al FMI
Mientras tanto, Lavagna dijo ayer que el FMI 'parece no haber registrado' los signos positivos de la economía argentina en los últimos meses.
Y envió un mensaje sin velos a Horst Köhler y Anne Krueger antes de viajar a la asamblea anual en Washington. 'El Gobierno no va a pedir un acuerdo político (interno) hasta que no exista claridad con respecto a lo que involucra el acuerdo con el Fondo', dijo Lavagna. A su juicio, 'el mundo no se acaba' si el país no llega a un acuerdo con el organismo, y que 'la vida en la Argentina no pasa por el Fondo'.
El ministro había dicho el martes que no se pagarán la deuda de octubre al FMI, si éste no firma previamente un acuerdo con su país.