China cifra en 8.000 millones los fondos necesarios para tratar sus basuras
Las 670 principales ciudades chinas generaron el año pasado 135 millones de toneladas de desechos. De ellas, tan sólo el 20% fue tratado y el resto terminó acumulándose en enormes vertederos en las afueras de las poblaciones por falta de instalaciones adecuadas. Este es el problema que quieren atacar las autoridades, que ven cómo el crecimiento del país durante los últimos 20 años ha venido acompañado de una degradación de las condiciones medioambientales en aras de un progreso que ha pasado factura.
Según consultores occidentales instalados en China, la desregulación del sector del tratamiento de basuras abre buenas oportunidades de negocio. Hasta hace poco, la financiación de estos proyectos corría principalmente a cargo del Gobierno. El volumen de residuos urbanos ha crecido a un ritmo del 4,8% anual durante los últimos años.
Si algo da idea de las costumbres de un colectivo, es la composición de sus desechos. Y en Pekín ésta ha sufrido un gran cambio. Si en 1990, tierra y polvo representaban el 53,2% del total, el año pasado esta cifra fue del 5%. Grandes centros comerciales, cadenas de comida rápida y nuevos productos de consumo son origen de una basura que en un 13,3% estuvo compuesta el año pasado por papel y en un 6,5% por cristal.
China, que se ha convertido en el segundo emisor de gases invernadero del mundo tras EE UU, otorgó al medio ambiente un papel protagonista en marzo de 2001, cuando introdujo el que ha sido su primer plan quinquenal verde. El primer ministro, Zhu Rongji, insistió durante su presentación en la necesidad de limpiar el aire, los ríos y los lagos y perseguir un desarrollo sostenible durante el periodo 2001-2005 que cubre el plan económico nacional.
Entre las medidas de protección adoptadas por el Gobierno, figura una futura ley que exigirá en todo el país la realización de estudios de impacto ambiental para llevar a cabo un amplio abanico de proyectos. La normativa obligará a efectuar informes sobre el uso del suelo, la planificación de las ciudades y los proyectos de construcción, así como sobre todos los planes relativos a los sectores agrícola, energético, forestal, manufacturero, turístico, de transporte y los relacionados con los recursos hídricos y la explotación de los recursos naturales.
El Gobierno central ha promulgado un amplio abanico de regulaciones con el objetivo de poner fin a la deforestación salvaje, a la contaminación de las aguas y del aire de las ciudades. Pero algunos expertos ven con escepticismo lo que consideran buenas declaraciones de intenciones en un país en el que la principal preocupación de la mayor parte de sus 1.300 millones de habitantes es lograr el sustento diario.