Un guardia civil asesinado y cuatro heridos en un atentado en Navarra
El atentado tuvo lugar a mediodía en la carretera NA-1300, en el puerto de Urto, a escasos metros del límite con Guipúzcoa. Una patrulla de la Guardia Civil del puesto de Leitza acudió a retirar una pancarta colocada junto a la carretera con el anagrama de ETA. La explosión de la bomba situada junto a la pancarta causó la muerte al cabo Juan Carlos Beiro Montes, de 32 años, natural de Langreo, casado y con dos hijos, y heridas de diversa consideración a otros cuatro agentes. La policía cree que ETA activó el explosivo con un mando a distancia.
Minutos después del atentado, se registró un incidente junto al cuartel de la Guardia Civil de Leitza cuando el funcionario que se encontraba en el puesto de guardia disparó al aire su arma reglamentaria ante la presencia de una persona que le resultó sospechosa y que logró huir.
En medios políticos se considera el atentado como una respuesta de ETA a la muerte de dos de sus activistas cuando manipulaban en la noche del lunes una bomba con 15 kilos de explosivo en el barrio bilbaíno de Basurto.
Uno de los fallecidos ha sido identificado como Odei Galarraga, implicado presuntamente en los asesinatos del director financiero de El Diario Vasco Santiago Oleaga y del subcomisario de la Ertzaintza Mikel Uribe, así como en la mutilación del periodista Gorka Landaburu, entre otras acciones terroristas.
El consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, advirtió de que, a pesar de las dos muertes, el comando Vizcaya de ETA 'sigue activo', con 'más miembros operativos'.
La identidad del otro etarra será muy difícil de conseguir, ya que sus restos están muy afectados. Balza informó que la explosión se produjo debido al mal estado de la dinamita que portaban los terroristas en una mochila. Viajaban en un coche alquilado y, según la policía, pensaban perpetrar un atentado ayer martes.
Por otra parte, el Gobierno vasco anunció ayer que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la Ley de Partidos Políticos, que entró en vigor el pasado 29 de junio con el objetivo de ilegalizar a Batasuna. El PP y el PSOE vaticinaron ayer que el recurso será rechazado por el alto tribunal.