Bruselas define hoy las condiciones del fondo para desastres naturales
Entre algunos comisarios han surgido dudas sobre el alcance del proyecto y su efectividad real y los técnicos no han conseguido ponerse de acuerdo sobre los umbrales de daño que justificarían el recurso a la caja comunitaria. El impulso político del presidente del Ejecutivo comunitario, Romano Prodi, y la voluntad favorable de la comisaria de Presupuesto, Michaele Schreyer, deberían ser suficientes, no obstante, para que el texto salga adelante. El Parlamento Europeo y los representantes diplomáticos de los 15 Estados miembros ya han expresado su apoyo a la idea. Entre los escépticos se recuerda, sin embargo, que un fondo similar ya existió hasta 1996 y fue suprimido a iniciativa de Alemania. Entonces, es cierto, la insignificante dotación de dos millones de euros anulaba en gran parte la utilidad de ese instrumento. La última vez que se aplicó fue tras la riada que arrasó el camping de Biescas, en Huesca.
1.000 millones de euros
El Fondo de Solidaridad dispondrá de una dotación máxima de 1.000 millones de euros anuales, procedentes del presupuesto comunitario. Este mismo año pueden ponerse hasta 500 millones de euros a disposición de los países más perjudicados por las inundaciones, a repartir tanto entre los socios comunitarios (Alemania y Austria), como entre los aspirantes al ingreso en la UE (República Checa). En el futuro, al menos el 25% de la nueva línea presupuestaria deberá reservarse hasta el 1 de octubre, para tener asegurada la existencia de recursos ante una posible catástrofe en el último trimestre del año.
El borrador del reglamento mantiene aún entre corchetes la estimación de daños que permitiría a un Estado acogerse a la ayuda del Fondo. Las cifras que se barajan son 1.000 millones de euros (a precios de 2002) o más del 0,5% del PIB del país damnificado. La segunda variable perjudica a los países más ricos de la UE (Francia o Alemania), principales contribuyentes de las arcas comunitarias.
Los fondos deberán destinarse para ayuda de emergencia en las zonas que padezcan el desastre, mientras que la reconstrucción de nfraestructuras y las inversiones a largo plazo dependerán de otros instrumentos financieros, bien nacionales o comunitarios. El reglamento advierte que, dada la escasez de recursos disponibles, la intervención de la UE sólo se producirá tras un siniestro de 'dimensiones enormes'.
Los Estados podrán solicitar las ayudas hasta dos meses después del desastre y dispondrán de hasta tres años para utilizar los fondos asignados. Seis meses después de ese plazo deberán justificar debidamente su utilización.