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Opening prepara un expediente de regulación de empleo

Opening presentará un expediente de regulación de empleo para que la plantilla recupere los salarios atrasados, si no obtiene antes de mañana los cerca de seis millones de euros necesarios para poder reanudar las clases, según aseguró ayer el coordinador de Acción Sindical de la Federación de Enseñanza de CC OO de Cataluña, Simón Rosado.

El comité de empresa de Opening rechazó ayer el plan de viabilidad elaborado por la dirección de la compañía, filial de Ceac, que recoge el despido de 500 empleados, la reanudación de las clases por un periodo de 15 meses y la apertura de los 74 centros propios de Opening Master School.

El comité de empresa de Opening mostró su disconformidad con la iniciativa 'por carecer de garantías técnicas para poderse llevar a cabo', explicó Rosado. 'Tal y como está planteado, el plan es inviable'. Durante el día de hoy, el director general de Opening, Rafael Macía, se reunirá con diversos bancos para analizar el plan de viabilidad y discutir la financiación. Las negociación de la empresa con las entidades financieras acreedoras, a las que adeuda más de 30 millones de euros, es el último intento de la compañía para evitar el cierre definitivo.

Simón Rosado explicó que el expediente de regulación de Opening afectaría a la totalidad de la plantilla de Opening en España, más de 1.200 trabajadores. Los empleados de la red de academias llevan cuatro meses sin percibir sus salarios. La deuda de la compañía con los empleados supera los cuatro millones.

La dirección de Opening volverá a reunirse con el comité de empresa mañana para informarles de la decisión de las entidades financieras. Mientras tanto, Comisiones Obreras recopilará la información necesaria para la tramitación del expediente.

Si finalmente los bancos aprueban el proyecto, 'como mínimo la apertura de los centros se retrasará tres semanas antes de que se reinicie el servicio en las aulas con toda normalidad', indica Rosado. Por otro lado, la Asociación de Usuarios de Banca (Ausbanc) reiteró ayer que los alumnos afectados no están obligados a pagar los créditos con los que financiaban los cursos.

El responsable de servicios jurídicos del organismo, Daniel Basterrá, declaró que 'si el alumno no recibe el servicio contratado, tampoco tiene ninguna obligación de cumplir con los compromisos acordados en un principio.' Ausbanc pidió al Banco de España y a las Administraciones autonómicas que den una respuesta a los afectados.

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