Bruselas declara ilegal el régimen fiscal de los centros de coordinación de Vizcaya
La Comisión Europea (CE) ha declarado hoy ilegal el régimen fiscal especial acordado a los Centros de Coordinación situados en la provincia de Vizcaya, en el País Vasco. Fue abolido por el Gobierno español a comienzos de este año, después de que la CE abriera en julio de 2001 un procedimiento formal de examen al respecto. Pero las reglas de derecho europeo obligan al Ejecutivo comunitario a adoptar una decisión una vez que ha abierto un procedimiento oficial.
El propósito de los centros de Coordinación es prestar bienes y servicios (bancarios, seguros, etc) a las compañías del grupo al que pertenecen. Dado que en el momento de la aplicación del régimen las autoridades de Vizcaya podían pensar legítimamente que ese régimen no constituía una ayuda de Estado, la Comisión decidió no pedir la recuperación de las ventajas fiscales que hubieran podido recibir las empresas.
"Este resultado positivo es un paso más hacia la abolición de las ayudas de Estado disfrazadas que se ofrecen a las empresas mediante acuerdos fiscales especiales. Me alegro de que las autoridades españolas ya hayan abolido este régimen", declaró hoy el comisario europeo de Competencia, Mario Monti.
El régimen fiscal especial de Vizcaya preveía un sistema especial de cálculo del impuesto sobre la renta para los Centros de Coordinación situados en la provincia.
Sólo las sociedades que cumplían ciertas condiciones de capital, de volumen de negocios y de número de personas empleadas podían beneficiarse de ese sistema.
El sistema, conocido como "cost plus", es un método alternativo de imposición que normalmente pretende superar la dificultad de evaluar las transacciones comerciales transfronterizas entre compañías que pertenecen a un mismo grupo y limitar las posibilidades de evasión fiscal. La Comisión Europea ha concluido que el régimen de Vizcaya excluía ciertos costes financieros del cálculo de la base impositiva.
El régimen de Vizcaya estaba basado en el modelo ya aplicado por Bélgica, el cual, según determinó la Comisión Europea en 1984, no constituía una ayuda.
En consecuencia, las autoridades de Vizcaya tenían motivos fundados para creer que su régimen no constituía una ayuda de Estado en el momento en el que fue aplicado. Bruselas decidió abrir una investigación en febrero pasado sobre el régimen belga después del rechazo de las autoridades de este país a aplicar las medidas que había propuesto el Ejecutivo comunitario en julio de 2001.