Rato mantiene el control de la tarifa eléctrica por su creciente peso en el IPC
El Gobierno aseguró en 2000 que las tarifas eléctricas bajarían un 9% en los cuatro años siguientes. Pero la presión de las compañías tras los apagones del pasado año por la pujanza de la demanda ha hecho virar la política de tarifas del Ejecutivo. Ahora pesa en el plan de la Administración tanto el 'interés de los consumidores' como la necesidad financiera de las compañías de acometer inversiones para elevar la oferta energética.
Pero bajo el 'interés de los consumidores' puede esconderse el propio interés de la Administración por controlar unos precios de vital importancia en el índice de precios de consumo antes de liberalizar plenamente el sector, y precisamente cuando la gran mayoría de los servicios registran unas tasas de inflación nada acordes con las europeas.
Por ello, ha propuesto a las compañías eléctricas un programa tarifario hasta el año 2010 que se queda a medio camino entre los dos objetivos que dice compatibilizar (consumidores e inversiones empresariales), y que debe discutirse aún en sus últimos detalles en septiembre.
La oferta del Gobierno supone que las tarifas de los hogares (las únicas que toman parte directa en el cómputo del IPC) subirán menos del 2% durante los ocho próximos años, y la cuantía inferior al 2% se establecerá en función de diversas consideraciones del mercado. El Gobierno maniata así las oscilaciones alcistas de la tarifa precisamente cuando menos instrumentos de lucha contra la inflación le quedan en sus manos, pero cuando esta rúbrica del índice tiene un peso específico que se ha incrementado un 50% en la base de 2001 respecto a la de 1992. Si entre energía eléctrica y gas en 1992 ponderaba un 2,74% del IPC, ahora lo hace en un 3,69%, tras las revisiones realizadas en 2001 y en 2002, año en el que el INE modificó la base del índice de precios.
El Gobierno retiene bajo su control la política tarifaria de la luz, el gas y el teléfono casi al completo, y entre todos estos servicios, tiene bajo su tutela el 6,26% del índice de precios de consumo, mientras que hace 10 años estas tres rúbricas del índice sólo tenían una ponderación o peso específico del 4,21%. Además, en los últimos años han sido elementos fundamentales en la reducción del índice general de precios.
Por otra parte, el criterio del Gobierno, aún no definitivo puesto que debe someterlo a una segunda fase de negociación con las compañías eléctricas, así como al dictamen del Consejo de Estado y la Comisión Nacional de la Energía, limita a menos del 2% la subida, cuando tal guarismo no es sino el objetivo de precios del Banco Central Europeo y que el Gobierno español hace suyo. Pero esta cifra en los últimos años ha sido superada amplia y sistemáticamente, en algunos años duplicada, lo que deja un hipotético mayor margen al 'interés de los consumidores' por caída real de las tarifas, y menos al de las empresas.
Las compañías, por su parte, consideran que no existe margen para bajar las tarifas. Según un informe comparativo elaborado por la patronal Unidad Eléctrica (Unesa), el precio de la electricidad para usos domésticos en España es prácticamente el más bajo de Europa, con las excepciones de Reino Unido y Holanda, y supone prácticamente la mitad que en Italia. Por lo que se refiere al peso de la factura eléctrica sobre los recursos de las familias, es de un 3,9%, mientras que en Bélgica, Italia o Portugal prácticamente duplica este porcentaje. Sólo en Reino Unido y Holanda el peso de la factura es inferior al soportado en España.
Siempre según las compañías eléctricas, España es de los países, junto con Francia y Holanda, en los que más se han reducido los precios de la electricidad en el hogar. En Reino Unido no se han producido descensos los últimos años, pero la caída se había producido antes.
Un sistema de precios máximos telefónicos en revisión
Cuatro años y medio después de la completa liberalización del mercado de la telefonía fija en España, los precios de Telefónica siguen intervenidos. Las tarifas de la operadora ya no son fijadas una por una por el Gobierno, pero deben ajustarse al sistema de precios máximos -denominado price cap-, que determina desde 2001 cuánto tienen que bajar los precios.
Según el sistema que regula los precios de Telefónica, esta compañía debe bajar sus tarifas en un porcentaje concreto cada año ligado a la previsión de inflación. En 2000, la rebaja fue del IPC menos el 8%, es decir, el 6%. Para este año, la obligación es reducir el IPC menos el 9%, el 7% en términos reales, y el año que viene tendrán que ajustarse otro 2%, una vez corregida la inflación. La única diferencia entre este sistema y los anteriores es que Telefónica tiene la libertad de decidir qué precios reduce y en qué cuantía con tal de que la cesta de servicios telefónicos, en los que cada segmento (cuota de abono, llamadas locales, provinciales, interprovinciales, internacionales y de fijo a móvil) pondera de distinta forma, baje según lo requerido.
Este sistema, sin embargo, ha despertado fuertes críticas en el sector, ya que las subidas en unos servicios (la cuota de abono, por ejemplo) tienen que compensarse con fuertes rebajas en otros. Y si Telefónica reduce sus tarifas, los competidores tienen que hacerlo en mayor proporción, lo que asfixia la cuenta de resultados de unas empresas cuya rentabilidad ya es complicada, sobre todo porque los porcentajes de bajada exigidos son de los más altos de Europa.
La presión de Telefónica y sus rivales ha encontrado respuesta en el nuevo ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, que ya ha avanzado que cree necesario revisar el sistema. Los detalles de la reforma no se han hecho públicos, pero tendrá que contar con el visto bueno de Economía.