El Gobierno quiere implantar la tasa variable sobre la basura en 2003
El Ministerio de Medio Ambiente desea empezar a aplicar el sistema variable en el impuesto de la basura a partir del año que viene, aunque las comunidades autónomas siguen evaluando su propuesta. De momento, ninguna se ha pronunciado claramente a favor de reformar el impuesto para castigar a particulares y empresas que no separen los residuos en origen.
España, Francia, Grecia y Portugal pretenden sumarse al carro de otros 11 países de la Unión Europea que han implantado un sistema variable para el cobro del servicio municipal de la recogida y gestión de la basura. La propuesta que formuló en febrero el Ministerio de Medio Ambiente se concretará en forma de real decreto, que estará listo 'entre 2003 y 2004', según fuentes de este organismo.
La propuesta se debate en las comunidades autónomas y está sometida a consulta en los municipios, que son los principales afectados. Pero el ministerio pretende que el sistema de imposición variable sobre la basura empiece a aplicarse el año que viene y asegura que ya hay 'algunos' municipios interesados.
Actualmente se grava a los ciudadanos una misma cantidad, independientemente del volumen de residuos que generen. En el 90% de los 800 municipios españoles, los ciudadanos ni siquiera pueden saber lo que pagan por el servicio municipal de recogida y gestión de basuras, porque esta partida aparece diluida en el impuesto de contribución urbana.
Los gestores de residuos sólidos urbanos estiman que recoger cada kilo de basura le cuesta a los ayuntamientos un promedio de 20 pesetas. El coste en Alemania, el país europeo de referencia en cuestión de gestión de los residuos, es el doble.
El Gobierno español aclara que 'no es un nuevo impuesto', sino una forma 'mas justa y ecológica' de aplicar la tasa actual. El sistema que propugna el Gobierno para cobrar el servicio es aplicar una tarifa fija, en función de criterios catastrales, como se viene haciendo hasta ahora, a la que se añadiría una parte variable, en función del volumen de residuos generado.
La parte variable supondrá siempre más del 50% del importe. Su aplicación gravará especialmente a los ciudadanos y empresas que no participan en la separación selectiva de envases de vidrio, plástico, metal, papel y cartón. La bolsa de basura de los ciudadanos que no separan sus residuos en origen pesa, lógicamente, más que la de los que sólo destinan al vertedero desperdicios orgánicos.
La propuesta del Gobierno aporta dos modelos para calcular el coste del servicio individual: uno, en función del volumen de la bolsa de basura, y otro, según su peso.
Modelos
El primer modelo ha demostrado su simplicidad al aplicarse en Bruselas. Se trata de imponer la compra de bolsas de basura normalizadas, de color distinto para cada tipo de residuos, en cuyo precio se cobra directamente el servicio de recogida.
El segundo supone importar el modelo que se ha ensayado en Flandes (Bélgica) y Holanda, que cobra el servicio a cada comunidad de vecinos o inmueble en función del número de contenedores que llene. En este caso, cada ayuntamiento repartiría una tarjeta magnética a los vecinos, con la que quedarían identificados cada vez que abriesen el contenedor.
La mayoría de los fabricantes de bienes de consumo apoyan el sistema variable para el impuesto de basuras. Los 11 organismos, uno por país de la Unión Europea, que gestionan el llamado Punto Verde para la recuperación de envases y embalajes pidieron en septiembre del año pasado que se modificaran los sistemas igualitarios.
Según datos del Club Español de Residuos, el 70% de los desechos que recogen los camiones de basura acaban en los vertederos, lo que corresponde a 13 millones de toneladas anuales. Pero el Plan Nacional de Residuos Sólidos Urbanos prevé reducir a un 33% el volumen depositado en vertedero para 2006.
El 27 de diciembre de 2001, el Gobierno aprobó el esperado real decreto sobre vertederos, que promete acabar con 3.500 puntos de vertido ilegales y sellar o modernizar los 130 depósitos legales, a fin de procurar una gestión más eficiente de la basura. Entre otras medidas, parece probable que autorice la construcción de cinco incineradoras de residuos, porque, actualmente, 10 comunidades autónomas no tienen ninguna infraestructura de este tipo. La inversión prevista para estas instalaciones es de 900 millones de euros.