Uribe decreta el estado de excepción ante la ola de violencia desatada por la guerrilla
En un comunicado, el Gobierno colombiano considera que la situación de inseguridad que vive el país 'hace ineludible tomar medidas inmediatas para prevenir actos de terrorismo semejantes o peores a los que, para sorpresa del mundo entero, se han presentado en las últimas semanas en diferentes lugares del país'. El llamado 'estado de conmoción interna' está recogido en el artículo 213 de la Constitución de 1991 y dispone que, 'en ningún caso, los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar'. El artículo especifica además que 'no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales'.
Entre las medidas de excepción adoptadas destaca la creación de un impuesto al patrimonio del 1,2%, que tendrán que pagar aquellas personas o empresas que declaren un patrimonio igual o superior a 150 millones de pesos (cerca de 60.150 euros).
Un portavoz del Ministerio de Hacienda explicó a este diario que la tasa se pagará de una sola vez en octubre y que afectará a unos 400.000 contribuyentes. Con este tributo, el Gobierno espera recaudar 2.000 millones de pesos (unos 800 millones de euros), que dotarán de 'recursos sanos a las fuerzas militares y de policía para cubrir sus necesidades durante los años 2002 y 2003'.
La ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, prometió en rueda de prensa que 'cada peso' destinado a seguridad 'tendrá un resultado contundente'. Ramírez explicó que con los recursos obtenidos por el impuesto se incorporarán 10.000 policías y se crearán dos brigadas móviles del Ejército de 3.000 soldados. A corto plazo, el Gobierno planea el ingreso de otros 100.000 soldados y policías de apoyo, además de la creación de una fuerza civil de informantes de un millón de personas, inédita en la historia del país, que ha suscitado el recelo de las organizaciones humanitarias.
Pero la lucha contra la violencia de las guerrillas izquierdistas y de los paramilitares de ultraderecha precisa de ingentes recursos económicos. Uribe quiere aumentar 1.000 millones de dólares anuales (1.030 millones de euros) el presupuesto de defensa desde los 3.100 millones actuales (3.193 millones de euros). Las cuentas no salen y por eso el Parlamento debatirá en septiembre una amplia reforma tributaria. El Gobierno empezará a negociar esta semana un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ya que el actual programa de 2.700 millones de dólares (2,781 millones de euros) concluye este año.