La CE afirma que la desconfianza entre los Estados frena el mercado único
La Comisión Europea dio ayer la voz de alarma sobre las múltiples barreras que dificultan el mercado interior en la UE y bloquean la libre prestación de servicios en territorio comunitario. Según el informe publicado por Bruselas, las empresas y los consumidores de sectores como la consultoría, las agencias inmobiliarias y de empleo, la ingeniería, la construcción, la distribución, el turismo, el ocio y los transportes se han convertido en los grandes perjudicados del exceso de trámites y la complejidad de la burocracia trasnacional europea.
Pese a que el informe no pretende repartir culpas, sino únicamente establecer un diagnóstico de la situación, Bruselas parece tener claro que gran parte del problema tiene que ver con la desconfianza que siguen manteniendo unos países europeos respecto a otros. La Comisión afirma que los Estados no reconocen la calidad de los sistemas jurídicos de sus vecinos y como consecuencia de ello obligan a las empresas establecidas en un país a repetir los mismos trámites y formalidades que han superado en éste antes de permitirles prestar sus servicios en su territorio.
El informe tampoco prejuzga si esas trabas son o no ilegales, pero es tajante al afirmar que, una década después de la puesta en marcha del mercado único, el sector servicios no se está beneficiando de sus ventajas, pese a constituir el principal sector de la economía europea y aportar el 70% del PIB y del empleo en la UE.
El portavoz de la Comisión Europea, Michael Tscherny, subrayó tras la presentación del informe que las pequeñas y medianas empresas son las más perjudicadas por estos obstáculos porque no tienen capacidad económica para afrontar el coste que supone prestar servicios en otro país. El dato cobra más importancia si cabe por el hecho de que las pymes suponen el segmento de empresas más importante en la prestación de servicios.
Obstáculos de todo tipo
Los obstáculos que describe el informe de Bruselas abarcan desde las barreras legales al establecimiento de las empresas hasta la dificultad de obtener información precisa por parte de las autoridades competentes. Todo ello sin olvidar el ingente número de autorizaciones necesarias, la complejidad de las formalidades o la discrecionalidad de las autoridades locales.
Así, pese a los esfuerzos que se han realizado en los últimos años, las empresas europeas que desean prestar servicios transnacionales o crear sucursales en otro país siguen teniendo que aprender muy pronto el significado de la palabra diferencia. Distintos tipos y práctica del IVA, existencia de precios fijos o recomendados para ciertos países en algunos Estados, normas dispares sobre la responsabilidad civil y los seguros profesionales o imposibilidad de utilizar el mismo modelo societario de empresa en todos los países continúan dinamitando el espíritu emprendedor de los empresarios europeos.
Las pymes, las más afectadas por las barreras
'Las pymes pueden considerar prohibitivo el coste de la expansión transfronteriza'. Así de tajante se muestra el informe de la Comisión Europea, que reconoce que sólo los costes de la asistencia legal que requiere una empresa que quiera operar en un Estado distinto al suyo pueden ser difícilmente asumibles para una pyme.
Pero son los consumidores quienes, según el informe, pagan a fin de cuentas el precio de la existencia de fronteras en el mercado interior. Por ejemplo, cuando se les impide recurrir a unos servicios ofertados por prestadores de servicios en otros Estados miembros, o cuando la fragmentación reglamentaria y administrativa disuade a las empresas de ofrecer sus servicios a clientes que residen en otros Estados miembros, por lo que no pueden verse beneficiados de precios más competitivos y servicios de más calidad.
Los problemas también afectan directamente a los profesionales. El informe cita algunos ejemplos, como el caso de un abogado que quiera establecerse en otro Estado miembro. Para hacerlo deberá disolver su sociedad unipersonal en el Estado miembro en el que ya está establecido, puesto que en el otro los abogados sólo pueden constituirse bajo la forma jurídica de sociedad limitada. Lo mismo sucede para otros profesionales, como los auditores de cuentas. En el caso de estos últimos profesionales la cobertura mínima del seguro de responsabilidad civil oscila, según los países, entre 70.000 y cuatro millones de euros.