Más de un millar de municipios impugnan la Ley de Estabilidad
El secretario de Política Municipal del PSOE, Álvaro Cuesta, y el alcalde de Lleida y vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Antoni Siruana, presentaron ayer un escrito ante el Tribunal Constitucional, suscrito por más de 1.200 ayuntamientos, en el que impugnan la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Según el PSOE, ésta es la primera vez que se plantea en España una iniciativa semejante con carácter general contra una ley, y está respaldada por los representantes de más de 14,5 millones de ciudadanos.
Los responsables de estos ayuntamientos consideran que la Ley de Estabilidad Presupuestaria 'vulnera el principio democrático de pluralismo político y la autonomía local', puesto que, a su juicio, impide a los representantes elegidos democráticamente en el ámbito municipal 'desarrollar los programas comprometidos ante los electores, impidiéndoles la financiación de políticas concretas a través de límites y mordazas rígidas'.
Al escrito se adjuntaron los acuerdos municipales contrarios a la ley, cumpliendo así el requisito para interponer la impugnación, para la que se requiere el apoyo de más de mil ayuntamientos que representen a más de seis millones de personas. La iniciativa socialista cumple con creces este requisito.
En opinión de Álvaro Cuesta, esta iniciativa prueba que 'existe un clamor de los ayuntamientos españoles, que demandan un nuevo modelo de financiación local y critican la actitud intolerante del Gobierno'. El PSOE considera, además, que el Gobierno invade, 'por un lado, las competencias locales y amordaza a los ayuntamientos con leyes como la de Estabilidad Presupuestaria y, por otro, los asfixia económicamente obstaculizando la prestación de servicios públicos de calidad'.
Con esta iniciativa, entes locales gobernados por distintas fuerzas políticas se suman al recurso presentado por algunas comunidades autónomas y por el PSOE ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
La impugnación de la citada ley por parte de los ayuntamientos coincide con el anuncio del Gobierno de que promoverá a partir del mes de septiembre la negociación sobre la 'segunda descentralización', basada en el traspaso de competencias desde las comunidades autónomas a los ayuntamientos. El PSOE es partidario de que el Gobierno afronte primero la negociación sobre el nuevo modelo de financiación local.