Condenan a la dirección de Bankpyme por ayudar a sus clientes a ocultar dinero
La Audiencia de Barcelona ha impuesto un año de prisión al ex presidente de Bankpyme, José Jané Solá, y a dos miembros de la actual dirección del banco, en la primera condena a la cúpula de una entidad bancaria por cooperar en un delito fiscal de sus clientes al crear fondos de inversión opacos al fisco.
Además de Jané Solá, en la actualidad asesor del banco, también han sido condenados a un año de cárcel por cooperación necesaria en un delito fiscal continuado el actual presidente de Bankpyme, José María Fabregat Piferrer, y el vicepresidente, Francisco Busquets, ambos miembros de la comisión ejecutiva de la entidad.
Los tres deberán pagar una multa de 2,8 millones de euros y han sido declarados responsables civiles subsidiarios de las multas e indemnizaciones, en algunos casos de hasta 860.000 euros, impuestas a siete clientes de la entidad también condenados por delito contra la Hacienda pública.
Otro directivo del banco, el presidente de la Gestora Bankpyme Alberto Rivillo, ha sido absuelto de todos los cargos al demostrarse que no participó en esta trama, mientras que siete clientes de la entidad han sido condenados a 10 meses de prisión por un delito fiscal por ocultar sus capitales en los fondos de inversión de Bankpyme y no regularizar su situación cuando se descubrió el caso en 1993.
El fiscal llegó a pedir para los directivos de Bankpyme hasta nueve penas distintas de un año de prisión por delito fiscal, pero el tribunal aplica un principio del Derecho español y les condena por un delito continuado porque es más beneficioso para los acusados.
La cúpula de Bankpyme creó sus fondos de inversión de valores monetarios e inmobiliarios, llamados Multivalor y Multidinero, entre 1986 y 1987, aunque según la sentencia lo hicieron "al margen de lo acordado en sus respectivos reglamentos y de la autorización otorgada por la administración, todo ello con el fin de captar un mayor número de clientes".
El tribunal declara probado que a los clientes de la entidad "se les facilitó no declarar dichas inversiones a la Hacienda pública", es decir que pudiesen mantener ocultos sus millonarios ahorros, y se les dejaba a su libre albedrío facilitar su identidad o no utilizar ninguna o emplear nombres ficticios, camino que escogieron algunos clientes al adoptar nombres de populares artistas y deportistas.
En enero de 1989 entró en vigor una ley que obligaba a identificar a los titulares de participaciones en estos fondos de inversión pero el banco, según la sentencia, se saltó la norma al transformar las participaciones en títulos al portador, sin que tampoco se obligase a los clientes a identificarse.
De igual modo, según la sentencia, Bankpyme tampoco informó en tiempo y forma a la Administración sobre las suscripciones y reembolsos de participaciones en sus fondos FIAMM y FIM, que en dos años llegaron a acumular 62.000 millones de pesetas depositados por 12.185 clientes.
La juez Montserrat Comas -actual vocal del Consejo General del Poder Judicial- destapó la trama en 1993 y en un año 1.386 inversores tuvieron la oportunidad, de forma voluntaria, de presentar declaraciones complementarias a Hacienda y regularizar su situación fiscal, pagando al fisco un de 7.813 millones de pesetas.
La magistrada instructora cifró inicialmente en 58.000 millones el dinero ocultado al fisco y pese a imputar en un principio en el caso a 80 personas, los retrasos judiciales hicieron que muchos pudiesen saldar sus deudas con Hacienda con esas declaraciones voluntarias.