Juicio

Fianza de 30.000 euros para los tres directivos del Deutsche Bank que interceptaron correos electrónicos

El Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona ha ordenado la apertura del juicio oral contra los directivos de Deutsche Bank Juan Cruz Alcalde, José Antonio Soler y Albert Faulin por un delito continuado de "descubrimiento y revelación de secretos" al interceptar 'e-mails' personales del entonces empleado de la entidad bancaria Gregorio Giménez, y pide a los procesados un importe de 30.000 euros en concepto de fianza.

Así lo ha resuelto la magistrada de este Juzgado, Eugenia Canal, quien asimismo hace responsable civil subsidiaria a la entidad financiera.

Por su parte, la acusación particular, representada en Carlos Sánchez Almeida, ha pedido ante las instancias judiciales la imposición de cinco años de cárcel a los acusados por "vulnerar el derecho de la inviolabilidad de comunicaciones" de su cliente, informó a Europa Press el propio letrado.

Los hechos acontecieron, según el escrito de la acusación, después de que el denunciante fuese despedido de la entidad bancaria. Los acusados Juan Cruz Alcalde y José Antonio Soler, directores de Recursos Humanos y de Relaciones Laborales, acordaron el despido del afectado en noviembre de 1999, hecho por el que el Sindicato de Empleados del Grupo Deutsche Bank les acusó de un delito contra la libertad sindical por el que se siguieron diligencias ant el Juzgado de Insturcción 21 de Barcelona.

Dado que el despedido no había sido sancionado en los 28 años en los que trabajó en Deutsche Bank, los dos directivos anteriormente citados "decieron interceptar su correo electrónico" -según el escrito del denunciante-, con el fin de "obtener pruebas con las que sustentar un eventual despido disciplinario".

A tal efecto, encomendaron al director de Seguridad Lógica de la Entidad Deutsche Bank, Albert Faulín Berned, tercer imputado en la causa, "el acceso, bloqueo y copiado" de los 'e-mails' "enviados" por Giménez, si bien también interceptó los recibidos por el afectado.

De este modo, los acusados leyeron los citados correos sin contar con el consentimiento previo de Giménez, ni de los emisores y destinatarios de estos, que vieron también -continúa la defensa de la acusación- vulnerado su derecho a al inviolabilidad de las comunicaciones.

Despúes de haberse formulado la acusación y abierto el juicio oral, las partes acusadas, así como la entidad financiera declarada responsable civil subsidaria, deberán formular por escrito su defensa. Para asegurar las responsabilidades civiles que puede imponérseles, el juzgado de Intrucción número 2 les requiere una finanza de 30.000 euros y, de no efectuarse dicho desembolso, se procederá al embargo de bienes de su propiedad para cubrir esa cuantía.