España es el segundo país con más quejas contra instituciones de la UE
Por segundo año consecutivo, España se ha convertido en el segundo país europeo en número de quejas contra los organismos y las instituciones europeas, tan sólo superada por Alemania y seguida de Francia. El último informe de Jacob Söderman, defensor del pueblo de la UE, revela que los ciudadanos y empresas de la UE dirigieron durante el año pasado un total de 1.874 reclamaciones a este organismo, un 14% de las cuales provinieron de España y un 16% de Alemania. De ellas, 1.694 fueron enviadas directamente por ciudadanos, mientras 86 provinieron de las empresas y 83, de las asociaciones.
La Comisión Europea sigue ostentando, una vez más, el dudoso honor de acumular la mayor parte de las reclamaciones, seguida del Parlamento Europeo y el Consejo, algo que se explica por el hecho de que Bruselas es la institución comunitaria cuyas decisiones suelen tener una repercusión más directa en los ciudadanos.
La mayor parte de las quejas contra las instituciones se debieron a la falta de transparencia (84 asuntos), seguidas de discriminación (19), procedimientos insatisfactorios y vulneración del derecho de defensa (32), abuso de poder (30), demoras injustificadas (37) y negligencia (32).
En su informe, el defensor lanza un duro ataque contra la actitud de las instituciones europeas frente a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, suscrita por éstas. 'Debo lamentar que las tres instituciones que proclamaron la Carta todavía no parecen muy dispuestas a aplicarla seriamente en la práctica', explica Söderman, quien añade que no tiene sentido hablar de dotar de carácter jurídico a la norma 'si no se tiene la intención de aplicarlo'.
Como ejemplo de esa doble actitud, el informe recuerda que tanto la Comisión Europea como el Parlamento han continuado aplicando 'sus viejas normas en materia de discriminación' en los anuncios de contratación, 'olvidando que la Carta afirma que la edad constituye una forma de discriminación prohibida'. La Oficina del Defensor llegó a iniciar durante el pasado año una investigación de oficio sobre el respeto a la libertad de expresión de los funcionarios, así como a recurrir al Parlamento Europeo para denunciar 'la ociosidad con la que la Comisión tramitaba un asunto relativo a la discriminación por razón de sexo'.
Otro capítulo que ha centrado los esfuerzos de Söderman es la aceleración del tiempo medio de resolución de las reclamaciones. Así, según el informe anual, el periodo medio necesario para finalizar una investigación en 2001 fue de 289 días, frente a los 316 del año 2000.
Además, el número real de casos atrasados durante el pasado año alcanzó los 22, frente a los 35 que había a finales de 2000. 'Nuestro rendimiento ha mejorado ostensiblemente en el último año, pero no hay lugar para la complacencia y estamos dispuestos a seguir mejorando'.