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Cataluña

CiU rentabiliza las críticas empresariales a la política de infraestructuras del PP

La mayoría absoluta del PP ha relegado a CiU a un papel secundario en la política nacional pero, paradójicamente, le ha permitido consolidar su penetración entre el empresariado catalán. Los lazos entre los empresarios de la comunidad y el Partido Popular nunca han sido demasiado estrechos pese a los esfuerzos de Josep Piqué en la última campaña electoral. Pero ahora, a su prolongada ausencia de la vida pública catalana se ha sumado al malestar que ha generado en determinadas capas de la sociedad civil la política del Gobierno, en especial en el área de las infraestructuras.

Más de un año después de que la Generalitat y el ministerio pactasen llevar el AVE a El Prat nadie pondría la mano en el fuego para asegurar que este compromiso se materializará en los términos y en la fecha prevista. Las obras de la tercera pista del aeropuerto siguen su ritmo, pero cuando se les pregunta por ellas, los empresarios recuerdan al instante que Madrid proyecta un segundo aeropuerto. La reciente inauguración de la conexión de Nuevos Ministerios con Barajas ha resucitado además el agravio comparativo de las comunicaciones: el enlace de El Prat con el metro, aunque previsto, ni siquiera se ha licitado.

El Gobierno catalán siempre se ha quejado de la escasez de inversiones en infraestructuras pero hasta ahora los empresarios no habían hecho bandera de esta reivindicación. En los últimos meses, ya sea por la necesidad de asumir un papel que CiU no puede desempeñar o porque la necesidad de invertir en la comunidad se ha convertido en inaplazable, todas las instituciones empresariales relevantes han expresado su preocupación por un modelo de gestión que consideran centralista.

El Círculo de Economía fue el primero en abrir el debate, el año pasado, y le han seguido, en el último mes, sendos informes de la Cámara de Comercio y del Colegio de Economistas, ambos incidiendo en la política de infraestructuras. Pronunciamientos similares han salido de las patronales de pymes Pimec-Sefes y Cecot. Aunque no ha realizado ningún posicionamiento público al respecto, incluso el presidente de Fomento del Trabajo, Joan Rossell -cercano al PP-, ha expresado en privado su malestar por la política de infraestructuras del Gobierno.

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