'La Bolsa valora más la incertidumbre que los datos'
El descalabro de la Bolsa es una de las máximas inquietudes de Rato. El vicepresidente es consciente de las sombras que se ciernen sobre varias economías mundiales, pero no entiende que en los mercados pesen más las dudas que los datos reales de recuperación.
Pregunta. ¿Por qué está la Bolsa bajo mínimos?
Respuesta. La situación está provocada por la incertidumbre a nivel mundial, que tiene componentes económicos y políticos. De un lado están el déficit estadounidense, la capacidad de crecimiento de algunas economías europeas, la solución de la crisis de países emergentes, como Argentina, las dudas de la recuperación de los beneficios de las empresas, sobre todo de las tecnológicas. A esto hay que sumar incertidumbres políticas, como los conflictos en Oriente Próximo, la tensión entre India y Pakistán, la resaca del 11-S, etc. Las Bolsas reflejan dudas sobre la solidez de la recuperación, duda que no parece ser la que se deriva de los datos de España, de Europa y de EE UU. Parece además que la primavera traerá datos cada vez más sólidos. Las Bolsas están valorando las incertidumbres más que los datos reales. En un mundo como el actual, la evolución de cada Bolsa depende de las demás y la española no es una excepción. Nosotros también notamos las fluctuaciones de Wall Street, en cuya evolución están influyendo circunstancias no macroeconómicas como son los problemas de buen gobierno que afectan a determinadas empresas.
P. ¿Habrá cambios en la legislación sobre opa?
R. Yo creo que en el gobierno de las empresas, en el funcionamiento del mercado de capitales, los Gobiernos estamos obligados a estar constantemente viendo la realidad y la legislación. Nosotros tenemos una legislación de opa que es homologable a la de nuestros vecinos e incluso mejor que la de algunos. Por ejemplo, en Alemania y en EE UU no hay obligación de lanzar una opa. Pero este criterio no es el único que hay que tener en cuenta. También hay que ver la realidad del mercado y ahora hay planteado un debate sobre las compras de paquetes de control, y eso hay que estudiarlo. Si la UE lo estudia, mejor para todos. Si no, nosotros lo haremos. Tenemos que evaluar si nuestros instrumentos son válidos para proteger los intereses de los diferentes accionistas.
P. ¿Cómo afectarán a España las sentencias del Tribunal de la UE sobre las acciones de oro?
R. Las sentencias se pronuncian caso por caso. Nosotros creemos que tenemos razones para defender la legitimidad de nuestra legislación. Además opino que el caso español es similar al belga, que recibió el apoyo del tribunal.
P. El sector eléctrico reclama los CTC y espera nuevas subidas de tarifas.
R. La situación está tal y como la recoge la ley. En el debate sobre la energía eléctrica hay un argumento que tiene que tenerse en cuenta. Si estamos en un mercado liberalizado, los precios deben aproximarse lo más posible al funcionamiento del mercado. En un sistema concentrado como el eléctrico tiene que haber una regulación distinta a otros más abiertos. Estamos trabajando en una legislación que dé un marco en el que las empresas sepan por dónde moverse y en el que los consumidores no sufran fuertes subidas de precios.
P. ¿El caso BBV ha dañado la imagen del sistema financiero español?
R. Ya he dicho en más de una ocasión que el sistema financiero español es sólido, eficaz y perfectamente comparable al de los países más avanzados. Otra cosa es que cuando se produce un hecho de estas características, indudablemente tiene una influencia en la opinión pública, en la que el BBVA tiene un merecido prestigio. Que ha habido unas actuaciones de determinadas personas que han provocado una reacción del regulador y de los tribunales es un hecho. Los juicios paralelos son peligrosos; estamos hablando de personas que han abandonado sus responsabilidades de manera voluntaria y que tienen una larga carrera profesional
P. ¿Quién decidirá finalmente sobre la fusión digital?
R. La Comisión Europea está en el proceso de determinar de quién son las competencias en este tema. Nosotros creemos que hay base para que se decida en España, por parte de las responsables de Competencia y por el Consejo de Ministros.