El PP saca adelante la Ley Financiera pese a las dudas sobre su constitucionalidad
La polémica sobre la regulación de las cajas de ahorros se centró ayer en la excepcionalidad que introduce el proyecto con las entidades de la Iglesia.
El Congreso de los Diputados aprobó ayer, con los votos de la mayoría popular, el proyecto de Ley de Reforma del Sistema Financiero, más conocido como Ley Financiera. El texto inicia ahora su trámite en el Senado, cámara en la que será retocado para subsanar aspectos técnicos.
Durante el debate parlamentario, la oposición, especialmente CiU, PNV y PSOE, insistieron en la 'invasión' de competencias autonómicas por parte del proyecto de ley en todo lo que se refiere a limitación en los órganos, mandatos y edades de jubilación establecidas para las cajas de ahorro.
IU, por su parte, puso especial énfasis en lo anómalo de este proyecto, en el que se modifican aspectos sustanciales de numerosas leyes, con un debate general y sin tener debates sectoriales sobre cada una.
El texto aprobado por el Congreso limita los representantes políticos en los órganos de las cajas de ahorro a un máximo del 50%, establece los 70 años como límite para ser nombrado miembro del consejo de administración de una de estas entidades y reduce a 12 años el periodo máximo que una persona puede permanecer en los órganos de las cajas de ahorro, aunque establece un periodo transitorio para una nueva reelección a los afectados en la actualidad.
Uno de los cambios de mayor transcendencia para las cajas es la regulación de las cuotas participativas, un instrumento similar a las acciones, pero sin derechos políticos, que servirán para aumentar sus recursos propios.
Las cuotas no podrán superar el 50% de los recursos propios de las cajas y deberán cotizar en los mercados.
El proyecto de ley también incluye medidas para combatir la utilización de información privilegiada o la difusión de información engañosa o falsa que afecte a los mercados, al tiempo que se extiende el requisito de honorabilidad a los apoderados de las empresas de inversión.
Crea, además, tres nuevos órganos administrativos de defensa de los ahorradores, inversores y de los asegurados y partícipes en fondos de pensiones.
Pero la reforma de cajas ha sido la que ha levantado mayores suspicacias. El PP anunció ayer que durante el trámite por el Senado podría introducir una enmienda sobre las cajas de ahorro fundadas por la Iglesia para que sean ellas mismas las que decidan si en determinados aspectos -nombramiento, idoneidad y duración de mandatos de sus representantes- prefieren someterse a las leyes autonómicas o a la estatal.
La enmienda en su redacción actual permite a las entidades fundadas por la Iglesia (Cajasur, la CAI y el Círculo Católico de Burgos) regular esos aspectos en sus propios estatutos y remitirlos directamente al Ministerio de Economía.
Este proyecto provocó la indignación del Gobierno de Aragón, que se resiste a perder la tutela de Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI), por lo que amenazó con llevar la enmienda del Partido Popular al Tribunal Constitucional. El Gobierno aragonés considera un atropello que se permita a las cajas de la Iglesia tener libertad para no sujetarse a la ley general de cajas.
El portavoz económico del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, aseguró ayer que la intención de su grupo era la de introducir ayer mismo enmiendas 'in voce' para matizar el contenido de esta enmienda. Pero el grupo socialista se opuso a este procedimiento, por lo que deberá ser en el Senado cuando se cambie.
El diputado popular explicó ayer que recientemente mantuvo una reunión con el presidente de la CAI, Fernando Gil, que le solicitó esta enmienda, y precisó que tras el rechazo del PSOE a tramitarla 'in voce' el PP tendrá que estudiar si la incluye o no en el trámite del Senado.
Con la modificación que pretende introducir el PP, las tres entidades fundadas por la Iglesia, Cajasur, CAI y Círculo Católico de Burgos, decidirán por ellas mismas si se acogen a la regulación autonómica o estatal, añadió Pujalte.
La oposición criticó ayer esta excepcionalidad. La diputada socialista, Maite Costa, acusó al PP de formular estas excepciones pensando sólo en que Cajasur pueda 'despachar directamente con el Ministerio de Economía' y aseguró, en relación con Aragón, que esta comunidad autónoma 'no está dispuesta a que ustedes les resten autonomía'. El diputado dijo que sí modificarán en el Senado otras cuestiones de menor calado, entre ellas establecer el carácter no básico -sólo de aplicación cuando no hay ley autonómica- de algunos preceptos que en el proyecto de ley figuran como básicos -aplicación general en todo el Estado-, entre los que se encuentra la mecánica para la elección de los compromisarios de las asambleas generales.
El PSOE afirma que el texto aumenta la inseguridad jurídica
El texto del Partido Popular es 'ineficaz y confuso'(...) 'No responde a las necesidades del sector y aumenta la inseguridad jurídica... invade competencias autonómicas... presenta dudas sobre su constitucionalidad... abre el camino para privatizar las cajas de ahorros... y reparte favores con rango de ley, entre los amigos del Partido Popular'. æpermil;stas fueron ayer algunas de las declaraciones de la ponente socialista del proyecto de ley Maite Costa en el pleno del Congreso en el que se aprobó la Ley Financiera.
En lo que hubo coincidencia entre los portavoces parlamentarios tanto del PSOE como de Convergencia i Unió y PNV es en que el proyecto invade competencias autonómicas en lo que se refiere a la regulación de los órganos de gobierno de las cajas, mandatos y edades de jubilación, lo que arroja dudas sobre su constitucionalidad.
De hecho, el consejero de Economía de la Generalitat, Francesc Homs, anunció recientemente que su Gobierno ha encargado ya informes jurídicos para confirmar si hay invasión de competencias y, en tal caso, presentar un recurso de inconstitucionalidad.
La oposición también puso ayer especial énfasis en lo anómalo de este proyecto, en el sentido de que se modifican aspectos sustanciales de numerosas leyes, con un debate general y sin tener debates sectoriales de cada una de ellas.
En este sentido, Maite Costa criticó el carácter de 'ley ómnibus' del texto presentado, ya que afecta a más de 20 textos legales.
Criticó también la regulación concerniente al mercado de valores, que, a su juicio 'crea inseguridad jurídica entre los operadores del mercado y menor capacidad supervisora de los órganos de control, con lo que aumentan los flancos para el blanqueo de dinero'. La diputada socialista calificó el texto de 'propagandístico y engañoso' y negó que sirva para mejorar la financiación de las pymes.