'La huelga es contra el Gobierno, pero la vamos a pagar las pymes'

El nuevo presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) para los próximos cuatro años, Jesús Bárcenas, se estrenó en el cargo hace ahora un mes (el 7 de mayo), pero no es, ni mucho menos, un recién llegado. Nacido en 1953, el sustituto de Antonio Masa al frente de esta patronal presidía anteriormente la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha y era ya miembro del comité ejecutivo y la junta directiva de CEOE y Cepyme.

Pregunta. ¿Cómo va a afectar la huelga general a las pymes?

Respuesta. La veíamos desde hace tiempo como irremediable por la poca voluntad de negociar que han tenido en todo momento los sindicatos. Estaban ya predispuestos desde hace tiempo a hacer la huelga. Pero aunque es una huelga contra el Gobierno está claro que seremos nosotros (los pequeños empresarios) los que la paguemos.

P. Parece que no hay una idea clara de si hay o no ambiente en la sociedad para secundar la huelga, ¿qué dicen los pequeños y medianos empresarios?

R. La sensación es que en la sociedad no hay ambiente de huelga, sobre todo por las reivindicaciones que están planteando. Ha habido otras cosas polémicas que se negociaron anteriormente, como la negociación colectiva de este ejercicio, y que se terminaron cerrando con acuerdo. Esto sí afectaba a más gente, prácticamente a todo el mundo laboral. La reforma del desempleo afecta a mucha menos gente, ni siquiera a todos los desempleados ni a todos los que están buscando empleo.

P. Los empresarios parecen los grandes beneficiados con la reforma del desempleo, sobre todo por la eliminación de los salarios de tramitación.

R. Los salarios de tramitación se originan por la lentitud de la justicia. Si una sentencia en lugar de tardar dos o tres meses se solucionara en una semana, no tendríamos esta discusión. Lo único cierto es que el trabajador desde que abandona su puesto de trabajo hasta que se conoce la sentencia tiene un coste añadido, pero éste tampoco es el motivo fundamental de la huelga, sino uno más, que en ningún motivo justifica la protesta. Ese asunto se podía haber negociado como el resto de los puntos, el problema es que no se ha querido negociar.

P. ¿Se ha calculado el daño que el 20-J puede suponer para las pymes?

R. No. Pero si hay una cosa clara es que la sociedad está viviendo todavía una buena situación económica, pese a que se está enfriando la economía. Desde luego, el momento económico no provoca esa tensión que comentan los sindicatos y eso se verá el día de la huelga.

P. Los últimos datos macroeconómicos evidencian la desaceleración, ¿cómo ve la situación?

R. Las empresas están esperando a que llegue el segundo semestre para ver si los cambios de estadística se mantienen o no y nos dan una radiografía real de lo que es la economía. España sigue creciendo un 2%, que para como está Europa está bien; el IPC sí que se ha disparado, pero ha coincidido con los cambios de estadística. Con la EPA ha ocurrido lo mismo.

P. El Gobierno culpa de la inflación a determinados sectores empresariales...

R. Es verdad que en algunas áreas los empresarios no están respetando los acuerdos de negociación colectiva que se firmaron y esto está suponiendo inflación. Los malos datos macroeconómicos han salido en un mes que han podido cargar de razones a los sindicatos.

P. ¿Cómo se ha encontrado la dirección de Cepyme?

R. Bien, Cepyme tiene 25 años de historia y la casa está preparada para cumplir todos los retos de las pymes. No me he encontrado ningún armario cerrado.

P. ¿Qué es lo más urgente que hacer en el cargo?

R. Aquí hay que estar de bombero. Nada más llegar nos hemos encontrado con una reforma fiscal en la que peligra el sistema de módulos, la huelga, futuras reformas para los autónomos. Luego está el día a día.

P. ¿Comparte con el Gobierno la urgencia a la hora de reformar el mercado laboral?

R. Sí. Nuestras relaciones laborales están muy encorsetadas. Se sigue con la filosofía de que un puesto de trabajo es para toda la vida. Hay que buscar cauces y fórmulas para que cuando el empresario quiera romper la relación laboral, sea con cierta agilidad.

P. Y crear una empresa ¿es ahora más fácil?

R. Pues eso sí que no. En la mayoría de los casos hacen falta más de 50 permisos o trámites para que te lo autoricen y se tarda entre seis meses y un año. Pediría la misma agilidad que ya tienen algunos ministerios como el de Hacienda o de Trabajo. Además hay más de 1.000 tipos de subvenciones a las empresas; convendría hacer una reunificación y simplificarlas.

P. Los intereses de Cepyme son en ocasiones contrarios a los de la CEOE.

R. Tenemos muchas cosas que nos unen y algunas que nos separan, pero cuando dos millones y medio de pequeños y medianos empresarios están de acuerdo con una minoría de grandes empresarios, es por algo.

El Gobierno sólo saca un 'aprobado'

 

Bárcenas asegura tener un 'sabor agridulce' a la hora de calificar el trato del Gobierno a los empresarios. 'Si el Ejecutivo tuviera a los empresarios totalmente satisfechos, algo fallaría', dice. En su opinión, han sabido tomar medidas aprovechando el momento económico, pero les ha faltado valentía para adoptar otras. 'Por lo general, el balance de estos seis años de Gobierno si hubiera que poner nota, le pondría un aprobado escaso'. Aunque, explicó, podía haber subido la calificación si hubiera hecho otras reformas, más estructurales, 'que ahora nos vendrían muy bien en el momento en el que la economía empieza a desacelerarse'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, Bárcenas denuncia que los Quince fijaron unas pautas sobre liberalización de los mercados en la Cumbre de Lisboa que han llegado a la Cumbre de Barcelona sin haberse tocado.

 

 

 

 

 

 

 

Criticó en este sentido la actitud del Gobierno, 'que ha dejado de llevar a cabo reformas más ambiciosas en el terreno laboral porque en algún momento pensó que tenía que buscar unos acuerdos' y 'ha jugado a intentar contentar más a los sindicatos que a los empresarios'.

 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo, considera que el Ejecutivo debería haber aprovechado la época de bonanza económica para reducir más los costes sociales y hacer el mercado más competitivo. 'Pero el Gobierno ha optado por mejorar la línea social y prueba de ello es el superávit del Inem, que se podía destinar a rebajar las cotizaciones', dijo. En su opinión las bonificaciones empresariales sólo son buenas para empresas con plantillas jóvenes en constante renovación y perjudica a las de más antigüedad.