El Congreso retrasa la aprobación de los juicios rápidos hasta octubre

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para extender los juicios rápidos, cuya aplicación se había prometido para este verano con el fin de mejorar la lucha contra la delincuencia común, se ha topado con dificultades técnicas y discrepancias de los grupos a su paso por el Congreso, con lo que ya no se espera la entrada en vigor, como pronto, hasta el mes de octubre, según fuentes parlamentarias.

La proposición de ley de los juicios rápidos, firmada por todos los partidos como uno de los éxitos del Pacto de Estado por la Justicia, fue admitida a trámite por el pleno del Congreso en el mes de abril, pero enseguida empezaron a surgir discrepancias técnicas de los grupos parlamentarios, que han presentado más de 150 enmiendas con el objetivo de mejorar el texto del Gobierno, calificado de 'prolijo y enrevesado'.

PSOE e IU han criticado que el Ministerio de Justicia aún no haya presentado la memoria económica que debe acompañar a este proyecto, en la que deben figurar las partidas presupuestarias y de medios materiales con los que se pondrán en marcha los juicios rápidos, que según el ministro de Justicia, Ángel Acebes, costará este año 1,80 millones de euros.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó ayer el informe sobre la reforma en el que pone de manifiesto la falta de medios materiales para aplicar la reforma, y destaca que el ámbito de aplicación de los juicios rápidos es 'excesivo y, en algunos casos, no suficientemente justificado'.