La seguridad de los cargos amenazados se costeará a través de los Presupuestos
Los dos grandes partidos se comprometieron ayer a mantener un diálogo permanente con el Ministerio del Interior para actualizar periódicamente las medidas de seguridad de los cargos públicos que viven en el País Vasco y Navarra y se encuentran amenazados por ETA. El PP y el PSOE realizarán un análisis de los costes que les supone prestar la protección debida a estos colectivos y el Gobierno les garantizará la dotación presupuestaria correspondiente, según anunció ayer el secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga. Hasta el momento, la cobertura financiera de estos gastos ha corrido a cuenta de los propios partidos y de los Gobiernos central y vasco, a través de partidas extraordinarias.
El PP y el PSOE se pusieron también de acuerdo para cambiar la Ley de Financiación de Partidos, de forma que queden totalmente cegadas las vías a través de las cuales Batasuna y otras organizaciones situadas en el entorno de ETA pueden recibir ayudas públicas del Estado. Los expertos ajustarán la reforma para conseguir también que los cargos electos que amparen el terrorismo se vean desprovistos de financiación pública estatal.
El propósito de los partidos firmantes del pacto antiterrorista es dificultar el trabajo en los ayuntamientos vascos de aquellos cargos electos cercanos a ETA. El PP y el PSOE están de acuerdo en impedir que los concejales que no condenen a la banda tengan algún tipo de responsabilidad añadida a la de su condición de cargo electo. Ello evitará su participación en consejos de administración de empresas municipales. Entre las causas de inelegibilidad se incluirá la condena por delitos de rebelión, contra las instituciones del Estado o de terrorismo, aunque no sea por sentencia firme.
Con el fin de facilitar el funcionamiento de las corporaciones locales más castigadas por el terrorismo, se permitirá a los partidos cubrir las vacantes que surjan en sus listas con personas que no hayan figurado originalmente en las mismas. Además, cada formación política podrá presentar hasta 10 suplentes en sus candidaturas, frente a los tres actuales que permite la ley.
La batería de medidas pactadas ayer por el PP y el PSOE abarca también a la seguridad de los interventores electorales, que no tendrán por qué serlo de las mismas circunscripciones en las que figuran como electores. Los condenados por terrorismo no podrán ser nombrados administradores electorales.
Entre los compromisos contraídos ayer consta, asimismo, el reforzamiento de la protección de datos contenidos en los registros de bienes y actividades pertenecientes a personas amenazadas.
Ante la evidencia de que algunas de estas medidas pueden ser de difícil aplicación si no son aceptadas por el PNV, el PP y el PSOE las defenderán en las instituciones vascas.
El pacto incluye cambios en las Leyes de Financiación de Partidos, Régimen Electoral, Bases de Régimen Local, Código Penal, Enjuiciamiento Criminal y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.