Las elecciones francesas obligan a la UE a retrasar los objetivos presupuestarios
El presidente de turno del Consejo, Rodrigo Rato, no parece siquiera dispuesto a plantear una votación para aprobar por mayoría cualificada las directrices, una opción que pondría en evidencia al actual Gobierno conservador francés. París se niega a ratificar por escrito, en las directrices macroeconómicas de este año, el compromiso con el equilibrio presupuestario para 2004 que suscribieron Jacques Chirac y Lionel Jospin en la cumbre de Barcelona. El nuevo Gobierno de Jean-Pierre Raffarin se escuda en la auditoría en curso de las cuentas públicas para retrasar el pacto.
La presidencia española se inclina por aprobar las directrices (conocidas como Orientaciones Generales de Política Económica) una vez superadas las citas electorales francesas. Para ello, Rato puede convocar un consejo extraordinario de ministros de Economía el día 20 en Sevilla, coincidiendo con la huelga general en España. Los líderes europeos asumirán el texto de las Orientaciones al días siguiente.
El cambalache de fechas y convocatorias revela la creciente dificultad a la que se enfrenta la coordinación económica en la UE, cuya calidad se sacrifica muchas veces en aras de la agenda a corto plazo de los diferentes Gobiernos. El comisario europeo de Economía, Pedro Solbes, ha expresado sus dudas sobre la viabilidad de mantener el modelo actual, y la Comisión Europea ya ha propuesto reformar y reforzar a partir de 2004 los instrumentos de coordinación económica, al menos dentro de la zona euro.
Los 12 ministros de Economía de la Unión Monetaria abordaban anoche precisamente la reforma de los métodos de coordinación, a la búsqueda de un equilibrio institucional que garantice la coherencia de las respectivas políticas macroeconómicas sin atentar contra la soberanía nacional. La ausencia de tres socios comunitarios (Reino Unido, Suecia y Dinamarca) en la Unión Monetaria complica aún más la definición del marco adecuado.
Ampliación
De hecho, la discusión del Eurogrupo (foro informal de los ministros de la zona euro) deberá continuar hoy en la reunión formal de los Quince, único foro donde se pueden adoptar decisiones. La adhesión de países de Europa Central y del Este a partir de 2004 prolongará y ampliará esta esquizofrenia institucional.
Aunque la Comisión descarta que los futuros miembros puedan autoexcluirse de la unión monetaria como hicieron Dinamarca y Reino Unido, lo cierto es que pasarán varios años hasta que los nuevos socios cumplan los criterios de adhesión al euro.
Los actuales miembros discuten la institucionalización del Eurogrupo, para convertirlo en un foro formal con capacidad decisoria. Reino Unido siempre ha vetado ese salto cualitativo, pero Londres puede flexibilizar su posición con vistas a un próximo referéndum para abandonar la libra esterlina. Fuentes diplomáticas atribuyen a Irlanda la actitud más escéptica, con Dublín defendiendo la franqueza en el intercambio de impresiones que permite un foro informal.
El Gobierno irlandés ha sido hasta ahora el único que ha visto humillado en público su Presupuesto nacional, por no respetar las Orientaciones Generales de Política Económica del año 2000. El ministro de Economía irlandés, Charlie McCreevy, desafió, sin embargo, el veredicto de sus colegas y nunca ha acatado las recomendaciones de la UE, poniendo en duda la efectividad del proceso.
Solbes quiere que la supervisión comunitaria se centre en el cumplimiento de las orientaciones y no, como hasta ahora, en su redacción. 'La importancia que se concede a la discusión del informe de aplicación es todavía mínima comparada con la que se destina a las nuevas recomendaciones', afirma el comisario. La resistencia francesa a aprobar los nuevos textos para 2002 muestra la certeza del análisis de Solbes.
Las Orientaciones de este año plantean también problemas a Portugal y Reino Unido. Portugal afronta un descalabro contable que puede llevarle a superar el 3% de límite de déficit público fijado por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
La beligerancia de Londres es mucho más profunda y cuestiona la propia lógica del pacto. El ministro Gordon Brown desea una evaluación más precisa de la capacidad de endeudamiento de los distintos países europeos, en lugar de los objetivos nominales cuyo cumplimiento se exige actualmente.
La Comisión ha introducido ya el análisis del déficit estructural en la evaluación de los planes de estabilidad, pero numerosos organismos, incluido el Banco Central Europeo, reconocen la dificultad de aplicar ese criterio.
El Gobierno luso presenta otro programa para reducir el déficit
El ministro de Economía portugués, Carlos Tavares,
presentó ayer un programa para la productividad y el crecimiento, cuyo objetivo fundamental es impulsar el crecimiento y reducir el déficit presupuestario (que corre peligro de superar el 3%).
El plan incluye 40 puntos, entre los cuales destacan la creación de una Agencia Portuguesa de Inversiones y la sustitución de subsidios por incentivos fiscales para empresas que reinviertan capital. Además, se dará un impulso al plan de privatizaciones, aunque muchas de las operaciones previstas no se ejecutarán hasta 2003.
Tavares explicó que la privatización de la papelera Portucel finalizará antes de fin de año, mientras que las ventas de Galp y Electricidade De Portugal se concretarán el año próximo. 'Sólo podemos asumir el compromiso respecto a Portucel. Las otras serán aplazadas a 2003, pero, si las condiciones del mercado fueran más favorables, podemos estudiar cambios', dijo.
El plan del Gobierno de centro derecha tiene como objetivo aligerar el peso del Estado en la economía del país a través de la culminación de las privatizaciones previstas: GALP, EDP y Portucel, y la apertura al capital privado de la Empresa Portuguesa de Aguas Libres (EPAL), junto a otras compañías del sector del agua, y el grupo Instituto de Participaciones Estatales (IPE), que agrupa a las pequeñas empresas.
El programa incluye también la apertura al capital privado de los aeropuertos nacionales (ANA), la aérea TAP, la Red Eléctrica Nacional, Sociedades de Mercados de Abastecimiento, la Compañía de las Lezírias (terrenos) o la constructora naval de Viana do Castelo.
Tavares explicó en rueda de prensa que el Gobierno portugués pretende 'reducir su presencia en los sectores productivos', pero 'procurando asegurar el mantenimiento de los centros de decisión dentro del país'.