Detenido el jefe de auditoría de la Caja Laboral por presunta relación con ETA
La operación, ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, es continuación de la realizada el pasado mes de abril, en la que se intentó demostrar la utilización de la red de herriko tabernas de Batasuna como parte del sistema financiero al servicio de ETA, según informó ayer el Ministerio del Interior.
En la operación de ayer se detuvo a Ignacio María Mallagaray Cortázar y después los agentes registraron las instalaciones de la sede central de la Caja Laboral Popular en Arrasate-Mondragón, las sedes de la herriko taberna Izar Gorri Kultur Alkartea y de la sociedad anónima Askalde de la localidad vizcaína de Mallabia, así como el domicilio del detenido, ubicado también en esta última localidad. La policía intervino en estos registros diversos soportes documentales e informáticos para su posterior estudio y análisis.
Según fuentes jurídicas citadas por Efe, Mallagaray presidía la citada herriko taberna y su misión consistía, sobre todo, en informar a clientes de la Caja Laboral cuando algún juzgado había ordenado investigar sus cuentas. En ese momento les aconsejaba que retiraran el dinero o les daba otras recomendaciones para evitar el control policial.
Interior matizó que el detenido podría haber utilizado su cargo como máximo responsable de la auditoría interna de la Caja Laboral, departamento desde el que se gestionan los requerimientos que la autoridad judicial dirige a dicha entidad, para alertar a los implicados del interés judicial y policial sobre sus personas o bienes.
Además, la policía le acusa de idear las estrategias para hacer ineficaz cualquier acción legal contra los clientes sospechosos de colaborar con ETA, a través de la cancelación de las cuentas o la utilización de personas interpuestas.
Cuentas y ordenador
El Departamento de Comunicación de Caja Laboral hizo público un comunicado en el que se detalla que fueron cuatro los miembros de la Audiencia Nacional que se presentaron ayer en la entidad con una orden de bloqueo de las cuentas personales de Mallagaray y con la solicitud de información sobre una cuenta de una asociación cultural en la que el detenido era autorizado.
La nota detalla que los agentes se llevaron el ordenador del jefe de auditoría interna. 'No se ha procedido, en ningún momento, a ninguna otra intervención en nuestras dependencias y, por lo que podemos conocer, no esperamos que se produzca en el futuro'. El comunicado añade: 'Los criterios en que tradicionalmente hemos basado y basamos nuestra actividad son de riguroso cumplimiento con la ley y total transparencia, como queda constatado en las sucesivas auditorías externas e inspecciones de las autoridades reguladoras'.
El pasado abril, la policía asestó un duro golpe al entramado financiero de ETA, al descubrir el método que utilizó para el blanqueo de dinero procedente del cobro del impuesto revolucionario y de los rescates cobrados por secuestros, mediante el uso de empresas creadas en el exterior.
En aquella ocasión se detuvo a 11 personas, entre ellos Jon Gorrotxategi, considerado el tesorero de Batasuna; Joseba Mikel Garmedia Albarracín, miembro de la comisión ejecutiva de la asamblea vasca de municipios, y Rufino Echeverría Arbelaiz, veterano miembro de la Mesa Nacional de HB, promotor en 1995 de la ponencia Oldartzen, que supuso un salto cualitativo en la estrategia de ETA.
El archivo de la querella contra Otegi, recurrido
La Fiscalía General del Estado presentó ayer ante el Tribunal Supremo un recurso de súplica contra el archivo de la querella contra el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, al considerar que el delito de apología del que está acusado, por gritar 'Viva ETA' en un mitin en Francia, sí es un delito de terrorismo y puede ser perseguido por el Supremo aunque se cometiera fuera de España. El recurso será resuelto por la propia Sala Penal del Supremo que archivó la querella.
Los ocho vocales de la minoría progresista del Consejo General del Poder Judicial, elegidos a propuesta del PSOE e Izquierda Unida, presentaron ayer un escrito en el que reclaman al pleno de la institución que exprese su apoyo al Tribunal Supremo, frente a las críticas formuladas por el presidente del Gobierno, José María Aznar, por el archivo de la querella contra Otegi.
Los vocales recuerdan que los jueces 'están para servir a los ciudadanos a través de la aplicación estricta de las leyes, no para servir al Gobierno'.