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Prevención

Los directivos se protegen con seguros de responsabilidad civil

Una inversión en unos títulos que caen en picado al día siguiente o una reducción de beneficios inesperada puede provocar la denuncia de accionistas o clientes. Para protegerse de esta posibilidad, la empresa puede cubrir a sus altos cargos y consejeros con un seguro de responsabilidad civil por incumplimientos mercantiles, conocida en el argot como D&O (directors and officers). Este tipo de pólizas contempla posibles demandas tanto de accionistas como clientes, proveedores, empleados terceros o de, incluso, la propia sociedad que lo contrata. Las causas de la denuncia que recoge la póliza son varias, y pueden ir desde el incumplimiento del deber, el abuso de confianza hasta las actuaciones con mala fe de los directivos. Además, la actualidad ha puesto de manifiesto, según afirman fuentes del mercado, la conveniencia de este tipo de pólizas

Así, el afloramiento de casos como el de las cuentas ocultas del BBVA en el paraíso fiscal de Jersey, que ha afectado a numerosos consejeros y altos cargos de la entidad financiera, o la quiebra de la eléctrica estadounidense Enron, que ha arrastrado a directivos de la empresa auditora Andersen, ha llevado a las empresas a proteger sus intereses y los de sus altos cargos con este tipo de seguros. El intermediario de seguros Marsh McLennan calcula que el pasado año facturó en España 24,04 millones de euros con este tipo de seguro, el 5,3% de lo que factura el intermediario en Europa con este producto, entendiendo por negocio europeo el que se coloca en Europa y no el que se distribuye desde Europa hacia otras partes. Otros intermediarios de seguros como Aon Gil & Carvajal o Willis no disponen de estas cifras por tener integrada la facturación de estos productos con la de otros. Álvaro Milans del Bosch, director de riesgos financieros de la filial española de Marsh McLennan, asegura que éste es un mercado al alza.

Tamaño medio

No obstante, reconoce que las grandes corporaciones multinacionales ya suelen contar con este tipo de pólizas, por lo que las entidades dirigen sus esfuerzos hacia compañías de tamaño medio.

Normalmente, la póliza cubre todos los perjuicios económicos que pueda ocasionar la demanda. Así, asume los gastos de defensa y los costes accesorios derivados del proceso legal, hasta, por lo general, un tope de 100 millones de euros. Este producto financiero, en cualquier caso, sólo cubre las causas abiertas por lo civil, no las que van por la vía penal, aunque éstas discurran de forma paralela.

Según la reforma de la Ley de Sociedades Anónimas llevada a cabo en 1989, los administradores deben responder por el daño causado a raíz de haber cometido actos contrarios a la ley, contrarios a los estatutos de la sociedad para la que trabaja o por decisiones y actuaciones que se hayan realizado sin la diligencia con la que se debe desempeñar el cargo. En ningún caso se cubrirán actos que hayan sido malintencionados.

El coste de este tipo de pólizas puede variar mucho, según Milans del Bosch. Esto es así porque en el cálculo de la prima se contemplan bastantes variables, como los límites de la cobertura que quiera contratar la compañía (este límite suele oscilar alrededor de los 100 millones de euros); la facturación anual de la empresa; el número de consejeros o directivos que se quiera incluir en la póliza; y, por último, el sector en el que opera el tomador del seguro. Según el directivo de Marsh, una prima para este tipo de seguros puede oscilar entre los 3.000 euros para una pequeña o mediana empresa hasta los 800.000 o un millón de euros para grandes corporaciones multinacionales.

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