Bruselas alerta sobre las barreras técnicas que dividen el mercado
Sólo la mitad del comercio intracomunitario de bienes se puede acoger a una legislación armonizada de estándares europeos. El resto se enfrenta, según denuncia el Departamento de Mercado Interior de la Comisión Europea, a casi tantas normas y estándares como países se integran en la UE, un problema que puede agravarse cuando el número de socios se eleve a 25.
En el sector de la construcción, uno de los más castigados por esta fragmentación, la comercialización de un producto en toda Europa puede exigir entre 3 y 10 certificaciones diferentes. El proceso, según Bruselas, puede prolongarse hasta tres años y el coste elevarse a cientos de miles de euros, además de la consiguiente incertidumbre de las empresas. Aun así, las compañías europeas prefieren someterse a los estándares nacionales antes que litigar con las diferentes Administraciones para hacer valer el reconocimiento mutuo.
Bruselas resalta que la armonización de normas en sectores como la telefonía o la industria cervecera ha permitido la creación de un mercado de más de 300 millones de consumidores sin apenas ninguna fisura.
El estándar GSM es válido para todos los teléfonos móviles europeos. Y los bares, cantinas y pubs de todo el continente sirven cervezas procedentes de otros países, algo inconcebible hace menos de una década, cuando las normas nacionales de fabricación restringían las importaciones.
Una industria como la fabricación de bicicletas, que genera 130.000 empleos y que en el año 2000 vendió en toda Europa 17 millones de unidades (dos millones más que la automovilística) sigue todavía compartimentada por los Estados miembros.
Casi cada país exige un certificado de homologación distinto. En Francia ni siquiera se pueden vender bicletas desarmadas al consumidor final: sillines, pedales y manillar deben estar obligatoriamente fijadas a la estructura. La estandarización se ha completado en productos de medición y en aparatos de gas. La adopción de una norma europea tarda ahora, sin embargo, una media de ocho años, frente a los cuatro y medio de 1995. Bruselas desea impulsar por ello el reconocimiento mutuo.
La CE se dispone a presionar a los organismos nacionales de armonización para que acuerden normas comunes. Bruselas no descarta suspender la financiación comunitaria de esos servicios si no se logran progresos significativos.