El número de casos de 'vacas locas' crece un 40%
Los expertos calculan que al finalizar 2002 se habrán registrado unos 130 casos, 48 más que en 2001. A pesar del considerable incremento, los consumidores se han acostumbrado a convivir con el problema y el mercado está prácticamente recuperado. Hoy se vende entre un 90% y un 95% de la carne de vacuno que se vendía antes de la crisis. Y los precios gozan de una estabilización que, si bien no registran los incrementos que el IPC ha supuesto para este producto (más de un 10% desde 1999), han logrado imitar a los que existían antes de la crisis (2,85 euros por kilo/canal en abril de 1999, 2,86 euros en el mismo mes de 2000, 2,27 euros en abril de 2001 y 2,79 euros el pasado abril).
Los ganaderos objetan que no es ninguna bendición el hecho de que, tres años después, la carne no haya subido un céntimo, sobre todo cuando sí han crecido de manera considerable los costes de producción y los precios finales al consumidor. El contador de pérdidas sigue pues activado y marca ya 600 millones de euros, según la UPA, y cerca de 900, en opinión de la COAG.
La decisión del Ministerio de Agricultura de abandonar la financiación de las medidas para financiar la crisis y sus efectos ha descargado costes en los ganaderos que han elevado los gastos productivos entre 27 y 39 euros por animal, en función de su edad.
Los ganaderos deben asumir, entre otros costes, la retirada de materiales de riesgo, los certificados veterinarios y la eliminación de las harinas cárnicas. A ello se suma un encarecimiento de los piensos tras prohibirse las harinas de carne.
El pasado 1 de enero, el Gobierno decidió no seguir financiando estas medidas de control del mal de las vacas locas y dispuso que el problema fuera asumido por el mercado. Entonces reunió a los protagonistas de la cadena alimentaria cárnica en torno a una orden ministerial y consensuó parcialmente que el coste de la eliminación de las harinas cárnicas fuera asumido por los consumidores. Curiosamente, quienes resultaban teóricamente beneficiados (productores y mataderos) se negaron a firmar el acuerdo, mientras que los supuestamente afectados (firmas de distribución alimentaria) no dudaron en firmar.
Atajar el caos
Cuatro meses después, el Ministerio de Agricultura ha vuelto a reunir a las partes para redactar otro documento con la idea de atajar el caos que se ha producido en el sector: los costes no están siendo imputados a los consumidores, la distribución se niega a cumplir el compromiso asumido y el coste de la operación es soportado en parte por mataderos y ganaderos.
Algunas cadenas alimentarias se niegan a aceptar los incrementos que sus proveedores les proponen en virtud de la norma firmada por las propias distribuidoras, según documentos a los que tuvo acceso este diario. Otras cartas remitidas a los proveedores manifiestan su desorientación sobre el cumplimiento de la orden ministerial.
El paisaje dibujado por el desconcierto ha incitado a Jesús Cuadrado, portavoz de Agricultura del PSOE a presentar una iniciativa parlamentaria apoyada por todos los grupos salvo el del PP, donde sostiene que esta situación no garantiza la seguridad alimentaria porque no asegura 'la retirada y eliminación de subproductos y cadáveres animales en condiciones sanitarias y medioambientales adecuadas'.
En el mismo sentido, los ganaderos, escépticos ante la nueva normativa, consideran que lo único que despejará el problema será la instauración de una tasa fija a los consumidores de obligado cumplimiento, como ha establecido el Gobierno francés. Este sistema evitaría, según ellos, que el espíritu de la norma fuera roto por la parte más fuerte de la cadena, la distribución, en detrimento del eslabón más débil, el ganadero, como en realidad está ocurriendo.