'Ofrecemos un IRPF más progresivo, estable y sin clientelismo electoral'

La entrevista se celebra minutos después de finalizar la presentación en sociedad del grupo de expertos que ha elaborado, tras un año de trabajo, la alternativa tributaria que competirá con la del Gobierno en las próximas elecciones generales. Está contenida en un informe que evidencia, cuando menos, que hay margen para otra política fiscal, simplificando al máximo el IRPF.

Pregunta. ¿Qué aspectos básicos del informe está en condiciones de asumir el PSOE?

Respuesta. En él se hace un diagnóstico de la fiscalidad desde el año 1996 que compartimos. En este periodo se ha producido una subida de la presión fiscal repartida de forma desigual porque pagan más, en igualdad de condiciones, las rentas del trabajo que las del capital. También recoge el efecto de la no deflactación de la tarifa del IRPF, apenas compensado en la reforma que propone el Gobierno. Por tanto, compartimos los objetivos de una mayor equiparación entre el tratamiento de las rentas de capital y de trabajo, entre las rentas de trabajo asalariado y no asalariado, así como la introducción de los impuestos ecológicos. El informe da un cierto espaldarazo a mi propuesta de hace un año de tipo único con recargo [aplicable éste último a partir de 34.558 de euros anuales], favorecedora de un sistema fiscal más progresista en su conjunto. También es importante la iniciativa de trasladar en un primer momento las deducciones a la cuota, incluidas las cotizaciones sociales, con lo que se podrán tender puentes, aunque sea en un plazo de 20 años, entre la Hacienda pública y la Seguridad Social.

P. Uno de los capítulos más vulnerables de la propuesta es la posible pérdida de progresividad del impuesto.

R. En las simulaciones hechas por los expertos se demuestra que es posible conseguir una mayor progresividad con un modelo de tipo único con recargo. Nunca he entendido que esto sea neoliberal y, además, éste es un debate instrumental. Una de las medidas más progresivas y progresistas es conseguir algo tan fundamental como que dos personas que ganen lo mismo paguen igual, aunque una obtenga sus rentas del trabajo y otra de vender acciones.

La idea es ensanchar la base del impuesto con independencia del origen de las rentas. Además, el mecanismo del mínimo exento en la cuota y las deducciones es lo que hacen que el tipo único no sea un único tipo, sino que haya una progresividad en el tipo efectivo pagado por cada tramo de contribuyentes.

P. ¿Cuáles pagarán más?

R. Nuestra idea es que paguen más los que ahora pagan menos y menos los que ahora pagan más. Dicho de otra manera, las rentas salariales pagarán menos y las de capital, más, a través también de patrimonio y de los impuestos ecológicos.

P. ¿Estos últimos se podrán presentar al mismo tiempo que el IRPF?

R. Sí. Este tipo de imposición se concibe ya por los distintos países, al margen de su impacto medioambiental, como una vía para reducir la carga fiscal (IRPF y cotizaciones sociales) sobre el factor trabajo. Es la primera vez en democracia que las cotizaciones no se reducen en un periodo de seis años, a pesar del aparente superávit de Seguridad Social. La idea de trasladar carga fiscal desde el factor trabajo, abaratándolo, al medio ambiente es una idea extendida en la UE.

P. El modelo final de la propuesta implica la eliminación de las deducciones. ¿Está dispuesto el PSOE a asumir este coste electoral?

R. No lo sé. Todavía hay mucho recorrido para concretar nuestra propuesta. Pero hay elementos de reflexión interesantes. La deducción por fondos de pensiones, además de discriminar otras formas de ahorro a largo plazo, favorece fundamentalmente a las rentas altas. Y la deducción por la compra de vivienda está siendo uno de los elementos del encarecimiento de su precio. Y sobre esto tiene que abrirse un debate para que al final, si las mantenemos, haya conciencia ciudadana de lo que hacemos.

P. ¿Qué impacto persiguen en la recaudación?

R. La recaudación es importante, pero no es un fenómeno ni estático ni desvinculado del ciclo económico. En 1993 no se bajó la tarifa del IRPF y la recaudación cayó más de un billón de pesetas. En 1995 no se subieron los impuestos y aumentó otro billón por la recuperación económica. El principal lubricante de los ingresos públicos es el crecimiento económico.

P. Además, hablamos de un modelo que, en el mejor de los escenarios para el PSOE, se aplicaría en 2006...

R. Lo concretaremos cerca de la oferta electoral de 2004 y entraría en vigor de forma gradual porque toca muchas piezas. Aspiramos a que introduzca una elevada estabilidad normativa. Lo importante es que sabemos dónde queremos ir, en contra de lo que le sucede al PP, centrado en una reforma de corto plazo que acrecienta el clientelismo electoral. Las políticas sociales deben ir fuera del IRPF, hacia las políticas de gasto, porque, si no, dejamos fuera de sus beneficios a las personas que no tienen ingresos para hacer la declaración de la renta.

P. ¿En que quedaría el sistema de módulos de estimación objetiva?

R. Tuvo su razón histórica de ser y globalmente ha sido positivo para la recaudación y para aumentar en algunos colectivos la conciencia fiscal. Pero, paulatinamente, tenemos que conseguir que sea una excepción, y no una norma general. Vamos a buscar un modelo que haga que los trabajadores autónomos tributen en función de lo que realmente ingresan.

P. Sus expertos hablan también de un nuevo modelo de Agencia Tributaria.

R. Es un organismo que tiene que independizarse del poder político y profesionalizarse. Su presidente debe ser nombrado por el Parlamento. Aspiramos a tener una Agencia Tributaria de todo el Estado, es decir del Gobierno central, las comunidades autónomas y me atrevería a decir que de los ayuntamientos. Defendemos un modelo de Agencia Tributaria única, capaz de gestionar el cobro de todos los impuestos del país.

P. Se invadirían las competencias autonómicas.

R. Todo lo contrario. Eliminaríamos del debate político una tarea de gestión puramente administrativa como es cobrar impuestos.

'El Gobierno debe retirar la reforma del seguro de desempleo'

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordi Sevilla asegura que al Ejecutivo 'se le está yendo de las manos la situación económica' después de presumir durante años de haber descubierto 'un crecimiento sin inflación'. En su opinión, el objetivo fundamental de la política económica debería consistir en alcanzar un diferencial cero en precios y no obsesionarse con el déficit público, para hacer los esfuerzos necesarios de inversión en tecnologías, investigación y desarrollo o formación que necesita España para equipararse a los niveles de su entorno. 'Hay ministros desaparecidos, otros preocupados por sus situaciones personales, y también por la sucesión de Aznar. Hay sensación de desgobierno preocupante', añade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sevilla mantiene que en este contexto no puede defenderse como una prioridad la reforma del seguro de desempleo y el abaratamiento del despido. 'Es un gran error sólo justificable desde el doctrinarismo político de derecha pura y dura', sentencia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, recuerda que más del 40% de los desempleados españoles no cobra subsidio. Afirmar que 'con 40.000 o 50.000 pesetas al mes no hay incentivos para buscar empleo es una broma de mal gusto y una provocación'. 'Por añadidura', concluye, 'la reforma se presenta cuando carecemos de un servicio público de empleo que funcione, pues apenas gestiona el 13% de las colocaciones en este país. Desde esta perspectiva, emplaza al Gobierno a retirar la iniciativa y a 'sentarse a negociar el conjunto de la política de empleo'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'El PSOE ni convoca ni desconvoca huelgas', advierte al ser preguntado por la actitud de su partido ante la protesta anunciada para junio. 'Hemos sido Gobierno, lo aspiramos a ser a partir de 2004 y nuestra lógica no puede ser estar a favor o en contra de movilizaciones sociales. Es claro que el que sean o no inevitables va a depender de las actuaciones del Gobierno y de los sindicatos', explica.