La CNMV levanta la suspensión de la antigua Fosforera que pesaba desde 1998
La suspensión la acordó la CNMV "como consecuencia de la denegación de opinión por los auditores de las cuentas individuales y consolidadas del Grupo Inmocaral de los años 1996 y 1997 y se produjo después de que la compañía hubiese presentado suspensión de pagos en junio de 1997, ha informado el organismo supervisor.
La ampliación de capital fue decidida por el actual socio de referencia de Inmocaral, Sandobella Holding, que tiene el 83,23% del capital de la antigua Fosforera, porcentaje que adquirió mediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA) presentada en junio de 2000 sobre el 100% del capital a un precio de 0,0659 euros por acción.
Asimismo, el acuerdo de la ampliación de capital de Inmocaral, a la que se excluye el derecho de suscripción preferente, fue ratificado en junta general de accionistas del pasado 9 de abril y el folleto informativo se registró ante la CNMV el pasado día 10.
La ampliación de capital consiste en emitir 75,5 millones acciones, con un valor nominal de 0,12 euros y una prima de emisión de 0,71 euros, y se hará en dos tramos.
En el primer tramo se harán aportaciones no dinerarias por un total del 83,2% de la nueva emisión, es decir más de 62,8 millones de títulos, que serán suscritas por La Constructora Moderna Barcelonesa (50,8 millones) y Parkfield Trading Limited (11,9 millones).
El segundo tramo va dirigido a los accionistas de la sociedad y es de aportaciones dinerarias por valor de más de 12,6 millones de acciones y que supone una proporción de 179,66 acciones nuevas por cada cien antiguas.
Sandobella Holding, con el 83,23% del capital de Inmocaral, ha mostrado ya su intención de no acudir a la ampliación de capital.
La última emisión de nuevas acciones que efectuó Inmocaral se produjo en el 2000 y fue de más de 36,4 millones de títulos para cumplir el convenio de acreedores, para las cuales también se pidió el pasado 10 de mayo la autorización para su admisión a cotización.
En junio de 1997, Inmocaral solicitó ante el Juzgado competente la suspensión de pagos, cuyo trámite se prolongó hasta febrero de 1999 una vez alcanzado un convenio de acreedores, que quedó completamente cumplido en octubre de 2000 con la cancelación de la totalidad de los créditos ordinarios y privilegiados recogidos por el procedimiento de suspensión de pagos.