Conflictos de intereses al descubierto
Una enmienda a la Ley Financiera exige a analistas y firmas de Bolsa desvelar a sus clientes cualquier conflicto de intereses
Las enmiendas a la Ley Financiera relativas a la regulación de las cajas de ahorros y a las firmas de auditoría han eclipsado a aquellas otras que tienen que ver de modo directo con el mercado de valores. Hay, sin embargo, entre las adiciones y modificaciones propuestas por el Partido Popular -destinadas, en principio, a prosperar- cambios legales que afectarán de modo muy directo a la labor de los analistas de las firmas de análisis. Las enmiendas más importantes a este respecto tratan de reforzar las murallas en contra de la información privilegiada y evitar conflictos de intereses.
El Partido Popular (PP) propone incluir entre los requisitos que deben cumplir las firmas de inversión la obligación de 'dejar constancia frente a los clientes de cualquier posible conflicto de intereses en relación con el asesoramiento o con el servicio de inversión que se preste'.
Con todo, los expertos consultados creen que no basta con que se deje constancia de un potencial conflicto de intereses de un modo genérico. Es habitual que los informes de analistas vengan acompañados por una retahíla de empresas a las cuales la entidad financiera ha prestado servicios de banca de inversión. El problema es que no se detalla cuáles son esos servicios, ni qué interrelaciones (incluso accionariales) hay entre la firma de analistas y la empresa objeto de informe o recomendación.
Los analistas tendrán que distribuir a la vez sus informes a todos los clientesLos analistas tendrán que distribuir a la vez sus informes a todos los clientes
'El listado de empresas a las que se han prestado servicios parece más publicidad de lo importante que es el banco que una advertencia de posibles conflictos de intereses', apuntan desde un pequeña firma independiente. 'Además, la letra es tan pequeña que nadie se lo lee. La única forma de lograr transparencia sería obligar a que se explicase de forma concreta qué relación hay con la empresa analizada, y sólo con ella. A veces un exceso de información desinforma', añade.
Otra de las obligaciones que pretende incluir el PP en la Ley Financiera exigiría 'garantizar la igualdad de trato entre los clientes, evitando primar a unos frente a otros a la hora de distribuir las recomendaciones e informes'.
Además, las casas de Bolsa tendrían, de forma general, que 'abstenerse de tomar posiciones por cuenta propia en valores o instrumentos financieros sobre los que se esté realizando un análisis específico, desde que se conozcan sus conclusiones hasta que se divulgue la recomendación o informe elaborado al respecto'. Los expertos creen que resulta una declaración de buenas intenciones muy fácil de burlar.
Paralelamente, la Ley Financiera exigirá que se mantengan con más rigor las murallas chinas o separaciones entre las diferentes áreas de la banca de inversión. Buena parte de la regulación queda, no obstante, pendiente de desarrollo reglamentario por parte del ministro de Economía o, con su habilitación, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Las enmiendas llegan cuando en Estados Unidos está en plena ebullición el escándalo de los conflictos de intereses entre departamentos de análisis y banca de inversión en algunas de las grandes firmas de Wall Street, un escándalo que ha dañado especialmente la imagen de Merrill Lynch. Y, a la vez, cuando el escándalo de Enron ha acentuado la exigencia de transparencia a los participantes en el mercado de valores.
En esa misma línea, Standard & Poor's ha anunciado que clasificará a las empresas del índice S&P 500 según la transparencia de su información al público, según informa Bloomberg. Las calificadoras han sido criticadas por los inversores por no haber anticipado recientes casos de bancarrota. La lista, que se publicará en unos meses, clasificará a las empresas de acuerdo con 125 criterios, entre ellos la independencia de su dirección, el tratamiento a los accionistas minoritarios, la administración de la empresa y la calidad de la información proporcionada en sus balances. S&P ha realizado clasificaciones similares en Asia y Latinoamérica.
Inversores, legisladores y reguladores están vigilando cada vez más de cerca a Standard & Poor's y su principal competidor Moody's Investors Service, que no previeron el colapso de Enron Corp. el año pasado. Tras audiencias en el Congreso para tratar el papel de estas empresas, la Comisión de Valores y Mercados estadounidense está llevando a cabo su propia revisión de las empresas de calificación para determinar si se necesita una regulación o cierta vigilancia.
Las agencias alegan que se les ha proporcionado información incompleta e incorrecta. Moody's ha anunciado que también está planeando hacer un análisis más detallado de la información proporcionada por las compañías y del trato dado a los inversores, aunque lo incorporará en las investigaciones de crédito en lugar de publicar una lista por separado.
Más poder para la CNMV tras Gescartera
Otra enmienda introduce una modificación en la ley del Mercado de Valores que permite a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 'suspender, con carácter total o parcial, los efectos de la autorización concedida a una empresa de servicios de inversión'. Hasta ahora, esa potestad corresponde al ministro de Economía, que con la enmienda quedaría relativamente apartado de la responsabilidad de adoptar medidas cautelares contra empresas de servicios de inversión en casos de aparente fraude al estilo de los escándalos de AVA o Gescartera.
En la justificación de la enmienda, el Partido Popular explica que 'las medidas cautelares tienen por objeto asegurar la eficacia de la resolución final del procedimiento y son especialmente útiles en los supuestos en que pueden estar en riesgo los intereses de los inversores' y añade que 'razones de urgencia aconsejan que esta competencia corresponda a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es, por otro lado, la que tiene conocimiento directo e inmediato de las circunstancias que motivan su adopción, al ser el supervisor de las entidades a las que esta medida puede afectar'.