Las empresas europeas podrán exigir la anulación judicial de las directivas
El Tribunal de Justicia comunitario, con sede en Luxemburgo, aceptó el viernes, en contra de la opinión de la Comisión Europea, un recurso particular de anulación contra un reglamento de la política pesquera.
Bruselas negaba a la empresa francesa Jégo-Quéré la posibilidad de recurrir una norma sobre el tamaño de las redes que es de obligado cumplimiento también para el resto de competidores. La Comisión, en efecto, se acogía a la jurisprudencia actual, que impide a los particulares presentar recursos de anulación, salvo cuando una norma les afecte o perjudique de manera claramente individualizada respecto al resto de la población.
'El tribunal ha constatado que esa jurisprudencia consigue privar a numerosos particulares de todo medio para exigir la anulación de normas generales'. El comunicado de prensa del tribunal añade que 'el acceso a la justicia es uno de los elementos constitutivos de una comunidad de Derecho' como la UE.
La sentencia, que todavía puede ser impugnada por la Comisión, abre el camino para un acercamiento de la justicia comunitaria al ciudadano y las empresas, en un momento en que la UE debate, precisamente, cómo limar el déficit democrático de sus instituciones.
'Los jueces de la sala estuvieron deliberando hasta el último minuto disponible', reconocen fuentes del tribunal. 'Y al final optaron por ampliar el acceso a la justicia'.
'A fin de garantizar la protección jurídica efectiva de los particulares', afirma el tribunal, una persona física o jurídica podrá presentar recurso de anulación contra una norma general que 'le afecte de una manera cierta y real'.
La sentencia es, además, la segunda que invoca la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea proclamada por los Quince el 7 de diciembre de 2000. El texto no es vinculante para los Estados miembros, pero, como ya advirtiera el eurodiputado Íñigo Méndez de Vigo, vicepresidente de la convención que redactó la Carta, sus principios acabarán impregnando la legislación europea a través de las decisiones judiciales. Un recurso contra el reglamento que limita desde 2001 las capturas de merluza en aguas comunitarias ha corroborado el pronóstico.
La empresa Jégo-Quéré se considera perjudicada por una norma que impide a sus barcos faenar al sur de Irlanda arrastrando aparejos con un mallado de 80 milímetros. La Comisión considera improcedente el recurso porque la restricción, que busca recuperar los bancos de merluza, atañe a todos los armadores. El tribunal no ha dictaminado aún sobre el fondo del caso. Pero, en una decisión innovadora, admite la queja individual.