Los grandes laboratorios piden a Aznar que liberalice algunos precios
El afán liberalizador de un amplio grupo de profesionales y políticos vinculados al PP y al mundo sanitario se ha extendido al mercado de los medicamentos. La iniciativa, que lidera el consejero delegado de Lilly, Javier Ellena, y que cuenta con el apoyo de las filiales españolas de los grandes laboratorios de EE UU, defiende la liberalización parcial del precio de los fármacos.
Los problemas se acumulan en la mesa de la ministra Celia Villalobos. Cuando aún no ha sofocado del todo el incendio mediático que provocó su enfrentamiento público con José Ignacio Echániz -el consejero madrileño encabeza junto a Romay Beccaría y Fernández Miranda la revuelta liberalizadora del PP-, un nuevo grupo de liberales ha llamado a las puertas de Moncloa para hacer llegar a José María Aznar una nueva propuesta: desregular el mercado de los medicamentos.
Esta iniciativa no es nueva, pero viene con aires renovados y la encabeza el consejero delegado de Lilly, Javier Ellena.
En un mundo como el sanitario, donde los gestos valen más que las palabras, no podía pasar inadvertido el acto de entrega de los últimos premios de la Fundación Lilly, que contó con la presencia de José María Aznar y al que la ministra Villalobos asistió sentada entre el público. No es casual tampoco que la Fundación Lilly la dirija el doctor José Antonio Gutiérrez, responsable del Instituto Carlos III durante el mandato de Romay Beccaría. Gutiérrez ha defendido y defiende públicamente la extensión del modelo Muface al conjunto del Sistema Nacional de Salud.
A la pregunta de si los laboratorios con capital estadounidense están a favor de la liberalización total de precios, Gutiérrez contestó ayer que 'éstos son muy bajos en España'. A continuación explicó que, en cualquier caso, estas compañías tienen interés en que se reconozca un doble precio: uno para el mercado público, el de prescripción de la Seguridad Social, y otro para los medicamentos que se exportan o no forman parte del mercado público.
Esta iniciativa ha sido respaldada recientemente en Europa por el G-10, el grupo de expertos sanitarios que ha recomendado a los gobiernos de la UE que introduzcan grados de liberalización en los segmentos de mercado no públicos con el fin de garantizar la competitividad de la industria europea.
En cuanto a las fórmulas privadas de gestión, Gutiérrez aseguró que su intención es recuperar para el debate la vieja idea de incorporar competencia en la red sanitaria, ya sea mediante la posibilidad de elegir (como hacen los funcionarios) entre centros públicos o aseguradoras privadas para recibir atención, o favoreciendo la conversión de los hospitales en fundaciones públicas sanitarias, el proyecto que Alberto Núñez Feijoo lideró cuando dirigía el Insalud.
Uno y otro movimientos tiene como valedor en Moncloa a Pablo Vázquez, el asesor en temas sanitarios de José María Aznar.
El alcance del envite liberal dependerá en último término del presidente del Gobierno, pues Villalobos se opone a ambas medidas. Por su parte, Farmaindustria, la patronal de los laboratorios, no desea cambios normativos que pongan en peligro el Pacto de Estabilidad que firmaron el pasado otoño.
Así las cosas, la ministra busca con más interés que nunca un pacto con el PSOE para sacar adelante la Ley de Cohesión.
Villalobos tiene intención de reunirse la próxima semana con el Grupo Socialista para presentarle un borrador del texto que ha elaborado José Luis de Sancho. El principal desencuentro con la oposición podría estar en el deseo de la ministra de modificar la Ley de Sanidad para recortar las competencias del Consejo Interterritorial de Salud. La Ley de Sanidad garantiza que las decisiones básicas del SNS deben acordarse unánimemente en el seno del Consejo una vez se han hecho efectivas las transferencias, pero el PP teme que el PSOE boicotee por sistema algunas decisiones políticas.