La mundialización castiga a Castilla y León

Desde que la multinacional de la alimentación United Biscuits decidiese el día 4 el cierre de la factoría de la empresa Fontaneda, en Aguilar de Campoo nada ha vuelto a ser igual. Unas 7.000 personas -en el pueblo viven cerca de 8.000- se echaron a la calle el sábado pasado para pedir que la fábrica galletera que abrió sus puertas en 1880 no cierre.

Las escenas vividas por los vecinos de Aguilar en la última semana no difieren mucho de lo sufrido a lo largo del pasado año en otras zonas de la comunidad castellanoleonesa que, a este paso, pronto incluirá al sector industrial dentro del listado de 'especies protegidas'.

José María Antona, presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), señalaba hace pocos días que es preciso establecer 'una serie de instrumentos para garantizar que las ayudas solicitadas por los empresarios se destinen verdaderamente a la ampliación o mantenimiento de los puestos de trabajo' con el fin de combatir a los 'cazasubvenciones'.

La tradición y la historia de Fontaneda han girado los ojos del país hacia Palencia, pero lo cierto es que los cierres de empresas, de mayor o menor tamaño, se han convertido en algo más o menos rutinario. Durante 2001, cinco grandes industrias que empleaban a más de 1.500 personas echaron el cierre en la comunidad. La mundialización ha sido siempre la excusa.

La sangría comenzaba en abril. La empresa de tripas celulósicas Alfacel daba por buenas sus negativas perspectivas de futuro y finalizaba su producción, centrada en la elaboración de tripas celulósicas. El escenario también era Palencia, en este caso Dueñas. En este conflicto, los 230 trabajadores de la plantilla siguen buscando soluciones al paro. Junta y sindicatos vuelcan sus esfuerzos en el proceso de recolocación, especialmente inquietos por los trabajadores de la empresa estatal Santa Bárbara, que, a su vez, ya habían sido recolocados en Alfacel.

Un mes después, el 28 de mayo, la multinacional del cableado Delphi-Packard anunciaba un expediente de regulación que afectaba a 424 trabajadores de los 504 empleados de la planta ubicada en la localidad soriana de âlvega. El expediente daba la oportunidad de trasladar al 15% de la plantilla a la fábrica de Tarazona (Zaragoza). No es el único mazazo que ha recibido la provincia soriana, que, por otra parte, es el territorio de la comunidad que se encuentra en una peor situación de desarrollo.

Ya a finales de año, los responsables de la empresa nipona Yazaki Monell, que empleaba a cerca de 200 trabajadores en la fabricación de cableado e instalaciones eléctricas de automoción para la marca Nissan, comunicaban al comité de empresa y a la plantilla el cierre de la fábrica, cuya producción tenía intención de trasladar a Marruecos. De hecho, el propio embajador de Japón en España aseguró al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que la razón de este cierre era precisamente el bajo coste de la mano de obra marroquí.

Cuando 2001 daba sus últimos coletazos, la empresa belga Union Chemical Belgie, propietaria de Cellophane, antigua empresa de plásticos con sede en Burgos, anunciaba el adiós de la industria que daba trabajo a 263 trabajadores. Una vez más, la falta de productividad era el argumento empleado. Y una vez más daba comienzo un peregrinar de los empleados por distintas dependencias administrativas para evitar que sus nombres engrosasen las listas del paro.

En cualquier caso, en Cellophane ya pintaban bastos en abril de 2000, cuando se planteó un expediente que afectó a 92 de los 337 empleados que componían la plantilla.

La capital, Valladolid, tampoco ha salido indemne. Enertec, una empresa cuya historia se remonta a finales del siglo XIX, decidía el cierre de sus instalaciones. En noviembre de 2001, el propietario de Enertec solicitaba la suspensión de pagos tras acumular un pasivo de 3.500 millones de pesetas. Los 93 trabajadores llevaban sin cobrar sus nóminas desde agosto. La compradora de los terrenos de la fábrica, finalmente, ha decidido indemnizarlos a cambio de que aprobaran la recalificación.

Grafibur, en Burgos; Tecnauto, en Valladolid, o Antibióticos, en León, son compañías que también se han declarado en una situación financiera crítica y todos se preguntan: ¿y ahora, qué?