Los ex directivos de L'Aliança blindaron sus contratos
La antigua dirección de L'Aliança, cesada tras la intervención de la mutua por parte de la Generalitat, posee contratos blindados por valor de 2,4 millones de euros. Así lo reveló ayer el consejero de Economía, Francesc Homs, que compareció en el Parlament junto al responsable de Sanidad, Eduard Rius, para explicar las razones de la intervención.
El anterior equipo directivo de L'Aliança, encabezado por su director general, Ramon Carranza, y su presidenta, Susana Martín, posee contratos blindados que suman 2,4 millones de euros. Sólo despedir a esta última costará 900.000 euros, según explicó ante el Parlament el titular de Economía, Francesc Homs. El consejero aseguró que abrirán negociaciones con seis directivos para rescindir sus contratos y, 'si no hay acuerdo, ya veremos si vamos a magistratura'.
Homs reconoció que las remuneraciones de estos directivos, cesados tras la intervención del 14 de marzo, son 'demasiado altas', pero sin entrar en detalles. Fuentes de la oposición revelaron, sin embargo, que la nómina de Carranza ascendía en 2001 a 206.000 euros anuales.
Según explicó Homs en la Comisión de Política Social del Parlament, acompañado por su homólogo de Sanidad, Eduard Rius, este blindaje explica las reticencias de la anterior dirección a la hora de facilitar la información que les requería la Generalitat.
Intervención tardía
Ante las acusaciones de dejadez en sus responsabilidades formuladas por PSC, ERC e IC, tanto Homs como Rius se esforzaron en explicar que, aunque los indicios de irregularidades en L'Aliança vienen de lejos, la Ley de Mutualidades vigente en Cataluña impide la intervención gubernamental mientras las liquidaciones anuales de la mutua no estén cerradas. Eso explica que el proceso no se desencadene hasta 1999, cuando la Generalitat cierra los ejercicios de los dos años anteriores sin la conformidad de la mutua. L'Aliança reclamaba a la Generalitat tres millones de euros adicionales a los 39 millones pactados anualmente. Esta exigencia fue rechazada, al constatar que la mutua obtenía beneficios y la ley no permite conceder subvenciones en estas circunstancias. Durante los años siguientes la dirección de L'Aliança siguió reclamando estas cantidades y consignándolas en el balance. Ahora suman más de 18 millones de euros pendientes de regularizar en los estados contables, correspondientes a los ejercicios de 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001.
La intervención de la mutua se produce cuando, tras comprobar más de 13.000 facturas, se constata la doble facturación. L'Aliança cobraba al Servicio Catalán de la Salud (SCS) los servicios prestados a mutualistas. El impacto económico de esta doble facturación en 2001 fue de 7,8 millones de euros. Hasta ahora L'Aliança ha costado a la Generalitat unos 240 millones de euros. El Gobierno catalán espera ahora las conclusiones de PricewaterhouseCoopers sobre la viabilidad futura de la mutua.
ERC, por su parte, reclama una comisión de investigación sobre l'Aliança.